Por Julian Santiesteban
Si el vaso no está limpio,
lo que en él derrames se corromperá
Horacio
La Constructora Iiafer obtuvo un contrato por asignación directa para la instalación y operación de carpas Covid en Quintana Roo, por montos que superan los cien millones de pesos; comenzó a laborar desde abril del 2020, pero se dio de alta en el Padrón de Proveedores estatal y de la Secretaría de Salud hasta septiembre del mismo año ¿quién fue el omiso o el que toleró semejante irregularidad administrativa? ¿Cómo es que una empresa que no tiene capacidad económica para realizar los trabajos ni es proveedora legalmente registrada obtiene un contrato por esos montos en Quintana Roo?
Con razón social “Constructora Iiafer”, constituida como tal apenas el 07 de agosto de 2019, fue registrada el 04 de septiembre del 2020 en el Padrón de Proveedores del Estado de Quintana Roo con el folio 2320; y de acuerdo a la Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información, en el padrón de los Servicios Estatales de Salud, hasta el 30 de ese mes, tanto la empresa como Vanessa Lizeth Vargas Flores, fueron dadas de alta.
Sin embargo, como consta en el reporte de “Supervisión de los Trabajos de Reconversión de Infraestructura Hospitalaria para Covid 19 en el Hospital General de Cancún, ‘Jesús Kumate Rodríguez’ (partida de obra civil), realizada del 14 al 18 de abril, para esa fecha ya se había realizado el “Armado de la estructura de las carpas móviles destinadas a brindar la correspondiente y oportuna atención a la ciudadanía tras la reciente contingencia médica”; es decir el contrato se obtuvo y comenzaron los trabajos cinco meses antes de figurar siquiera como proveedores ¿cuál fue el procedimiento de selección que llevó a la designación directa de dicha empresa?
De acuerdo con el artículo 11 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo “solo podrán celebrar pedidos o contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles del Estado de Quintana Roo, con las personas físicas y morales que se encuentren inscritas o se inscriban en el padrón de proveedores del Estado con registro vigente”, texto que se insertó íntegro en el número extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, de fecha 22 de enero de 2019, firmado por el entonces oficial mayor Manuel Alamilla Ceballos. Y entonces ¿quién decidió violentar flagrantemente la normatividad? ¿Está en Sesa la responsabilidad, en Sefiplan, ya tiene conocimiento la Secretaría de la Contraloría y su titular, Rafael del Pozo Dergal?
Cabe recordar que, en la colaboración anterior, el escribiente dio a conocer una serie de comunicados en la que, por lo menos, siete empresas que fueron subcontratadas por Jorge Brizuela Guevara, alias “El Venezolano”, para operar e instalar las carpas covid en el estado fueron dejadas a su suerte, pues el señalado empresario cobró lo correspondiente del contrato y simplemente no les pagó. Uno de los denunciantes, Jorge Marzuca Fuentes, señaló incluso que Iiafer no contaba con la capacidad económica para llevar a cabo el trabajo, por lo que los subcontratados tuvieron que financiar los trabajos, ante lo cual el mismo afectado cuestionó las razones por las que “El Venezolano” fue favorecido con el aducido contrato.
Pero evidencia sigue surgiendo, como aquí el escribiente plantea, además de la incapacidad técnica, parece que la empresa fue dada de alta en el padrón para, ex profeso, fundamentar el pago del contrato obtenido, además de tener apenas un año de existencia; la pregunta de nuevo es ¿Quién ha decidido volver millonario con recursos públicos a polémico personaje? ¿nada tienen que decir los órganos anticorrupción? Seguiremos indagando, pues queda claro que, la erradicación de la corrupción, está solo en el discurso, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.
