México y Estados Unidos parecen abocados a una nueva disputa comercial, esta vez por la prohibición mexicana de importar maíz modificado genéticamente.
El tono del debate subió esta semana tras una visita del secretario de Agricultura estadounidense, Tom Vilsack, a México el lunes tras la cual escribió en su cuenta de Twitter que “el tiempo se está acabando” para resolver el asunto.
El presidente Andrés Manuel López Obrador contestó el martes que México no dará marcha atrás en la prohibición de importar maíz transgénico para consumo humano pero estudiará eventuales alternativas para el utilizado para alimentación animal, el llamado maíz amarillo.
Según un decreto publicado a finales de 2021, la prohibición de importar maíz transgénico para consumo humano entraría en vigor en enero de 2024.
“Se está planteando que también tengamos un plazo para revisar el contenido de ese maíz amarillo, si no es dañino para la salud aun cuando se use como forraje”, indicó el mandatario. Como eso lleva tiempo, lo que México ofreció es retrasar dos años la prohibición de poder importar este tipo de maíz de uso animal.
No obstante, insistió en la necesidad de proteger la salud humana y las cepas nativas de maíz mexicano de la contaminación genética.
A México se le considera la cuna de maíz porque es donde hace 9.000 años una planta herbácea llamada teosintle se convirtió en la que hoy conocemos gracias a un lento proceso de selección humana de las semillas.
Pero, a la vez, es el mayor mercado de exportación de maíz estadounidense. México compra unos 3.000 millones de dólares anuales y no produce suficiente maíz forrajero para abastecer a sus productores nacionales de ganado, carne de cerdo y aves de corral. Por eso depende de Estados Unidos para cerca del 40% de su alimentación animal.
Para el consumo humano, depende principalmente del maíz blanco de producción nacional pero el amarillo -que en algunos casos es transgénico- se utiliza en ocasiones en harinas o aperitivos preparados.
Vilsack se reunió el lunes con López Obrador y dijo que éste le había expresado su “profunda preocupación” por el tema.
“El decreto de eliminación gradual del presidente tiene el potencial de perturbar significativamente el comercio, perjudicar a los agricultores en ambos lados de la frontera y aumentar significativamente los costos para los consumidores mexicanos”, escribió Vilsack. Recalcó que los agricultores estadounidenses “están legítima y profundamente preocupados por el decreto”.
El funcionario estadounidense enfatizó que “en ausencia de una resolución aceptable del asunto, el gobierno de Estados Unidos se vería forzado a considerar todas las opciones, incluyendo la toma de medidas formales para hacer valer nuestros derechos legales” bajo el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, el T-MEC.
México ya tiene otra disputa comercial y de inversión con Estados Unidos cuando este país pidió activar su sistema de resolución de controversias sobre las políticas energéticas mexicanas que, según Washington, favorecen injustamente a las empresas estatales de electricidad y petróleo en detrimento de los competidores estadounidenses y los proveedores de energía limpia.
Las conversaciones no han conducido hasta ahora a ninguna solución; Estados Unidos podría insistir en la reclamación, y ésta podría acabar en sanciones comerciales contra México.
