La creciente inseguridad estatal
Nicolás Durán de la Sierra
El tema de la seguridad pública en Quintana Roo, sobre todo en la zona norte, de nuevo está presente no sólo en el Estado, sino también en el foro nacional. El asesinato reciente y aún sin aclarar del secretario de Seguridad de Tulum se suma al conteo diario de “ejecuciones” que se dan en Cancún, ya en el rol de las ciudades peligrosas del país y, otra vez, en las alertas de Estados Unidos.
Sin menoscabar lo que se ha avanzado en este tema en el Estado y aun en el espacio federal, que dejó atrás la política de “abrazos y no balazos”; sin demérito de ello, el esfuerzo ha sido insuficiente para detener la escalada de violencia que vive la entidad. El hallazgo, en Felipe Carrillo Puerto, de cámaras de seguridad usadas por el crimen organizado dan idea de lo extendido del cáncer.
La muerte de José Roberto Rodríguez, el jefe policial de Tulum otrora parte de inteligencia de Marina, no debe quedar impune y no tan sólo por la justicia en sí, sino también porque no hacerlo pronto y bien alentaría al crimen a seguir actuando. Según la organización civil México Evalúa el nivel de impunidad en el Estado lo ubica en el octavo sitio nacional.
Tanto en el ámbito federal como en el estatal, además de la crisis de violencia los dos gobiernos enfrentan el descredito público ante sus acciones y ya no se diga en sus palabras, y en el espacio local la fiscalía del Estado no brilla por su claridad. La verosimilitud es fruto de la coherencia, y de esta no alardea el fiscal Raciel López Salazar, imposición del sexenio federal anterior.
Salta a la vista que no sólo se necesita el regreso de los guardias nacionales enviados al norte del país -dice la voz oficial que, en breve, vendrán 200 nuevos guardias- sino también cambiar la estrategia contra los cárteles pues parecen rebasar a la autoridad. Hay indicios de fosas clandestinas locales, por lo que una crisis como la del rancho Izaguirre de jalisco no es impensable…
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