El Minotauro
Por Nicolás Durán de la Sierra
Dentro de unas semanas, en las cámaras de diputados y senadores se desatará una tormenta mediática; no una jurídica como pudiera esperarse, sino una en la que muchos medios informativos y sus réplicas en las redes sociales, buscaran ensuciar la iniciativa del presidente López Obrador para blindar, por así decirlo, la Ley de la Industria Eléctrica.
Será una gran tormenta: el solo anuncio de la iniciativa originó editoriales dentro y fuera del país que afirman que las reformas a la dicha ley son una “nacionalización indirecta” de la industria, y que la ley debe quedar tal y como la dejara, en 2013, el entonces presidente Peña Nieto, aunque tal reforma violara la constitución, como acusó en su momento la oposición que hoy es gobierno.
Esta retorcida lógica omite que una nacionalización no admite la entrada del capital privado, como aceptan las reformas a la ley de López Obrador; sería monopólica por definición. En esta misma lógica, las reformas a la ley eléctrica del sexenio anterior no sólo permitían, sino alentaban el “atraco indirecto” de empresas de España y Estados Unidos, en ese orden, de un bien nacional.
Se sabía que cabilderos de los afectados, desde los Oxxo hasta Banamex, irían con todo para continuar gozando del subsidio de la CFE, pero lo que resultó novedosa fue la venalidad de varios jueces al otorgar amparos, como confeti, contra la ley eléctrica. La iniciativa presidencial busca ubicar la utilidad pública, el bienestar general, por encima de los intereses privados.
En los sexenios de Peña Nieto y Felipe Calderón, por no ir más atrás, numerosas leyes fueron modificadas para tapar los negocios de éstos y sus socios -el caso Pemex es un ejemplo-, a tal grado que nunca como ahora la legalidad había estado tan lejana de la justicia. En este contexto, invocar al Estado de Derecho cuando el propio derecho fue pervertido, tiene visos de ridículo.
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