DIANA ALVARADO 26 DE MAYO 2026.- La Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Quintana Roo, Mtra. Cora Amalia Castilla Madrid, señaló que los recientes acontecimientos relacionados con exfuncionarios y actores políticos vinculados con presuntas redes criminales evidencian una crisis profunda que no puede seguir minimizándose ni resolverse únicamente con discursos políticos.
La dirigente estatal afirmó que México atraviesa un momento delicado donde la seguridad pública, la confianza institucional y la credibilidad de los gobiernos enfrentan un severo desgaste derivado de señalamientos cada vez más frecuentes sobre posibles nexos entre actores políticos y estructuras del crimen organizado.
“Cuando la sospecha de infiltración criminal alcanza espacios de gobierno, el daño deja de ser únicamente político; se convierte en una amenaza directa para las instituciones democráticas, para el Estado de Derecho y para la tranquilidad de millones de familias mexicanas”, expresó.
Cora Amalia Castilla Madrid señaló que las recientes investigaciones y procesos judiciales relacionados con actores del estado de Sinaloa han generado preocupación nacional y han abierto cuestionamientos sobre la responsabilidad política y la necesidad de fortalecer mecanismos de control institucional.
Indicó que ninguna fuerza política puede permanecer indiferente frente a hechos que debilitan la confianza ciudadana, y sostuvo que el combate al crimen organizado debe comenzar desde la vida pública y las estructuras de gobierno.
“Los ciudadanos merecen instituciones limpias, transparentes y libres de cualquier sombra de complicidad con intereses criminales. La política debe ser una herramienta de servicio y no un espacio vulnerable a la infiltración”, puntualizó.
La presidenta estatal recordó que el PRI ha planteado la necesidad de establecer sanciones más severas para funcionarios y representantes populares que acrediten vínculos con actividades delictivas, incluyendo la propuesta de inhabilitación permanente para quienes utilicen el poder público en beneficio de organizaciones criminales.
“México necesita recuperar la confianza de sus ciudadanos. La lucha contra la delincuencia organizada no puede tener excepciones ni colores partidistas; debe existir una responsabilidad compartida para proteger a nuestras instituciones y evitar que intereses ajenos al bienestar público condicionen el futuro del país”, concluyó.
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