DIANA ALVARADO 12 DE MARZO.-
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo considerado inédito al reconocer que las personas que viven en asentamientos irregulares también tienen derecho humano al acceso al agua potable, por lo que las autoridades están obligadas a garantizarles al menos un suministro mínimo.
La resolución se dio luego de que el máximo tribunal concediera un amparo a habitantes de la comunidad Los Kilómetros, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, una zona que surgió desde principios de la década de 1990 y que actualmente alberga a más de 300 mil personas.
En ese asentamiento, muchos habitantes solo cuentan con agua mediante tambos llenados por pipas que llegan cada 10 o 15 días, situación que fue analizada por los ministros de la Corte al estudiar el caso.
El proyecto de resolución fue presentado por el ministro Arístides Guerrero García y, tras una amplia discusión en el pleno, fue aprobado por unanimidad, lo que marcó un precedente en materia de derechos humanos.
La sentencia establece que las autoridades deberán garantizar el suministro de agua a las personas que promovieron el amparo, incluso con apoyo de la fuerza pública si fuera necesario, con el fin de salvaguardar su integridad y garantizar el acceso al servicio.
Además, se ordenó que la Junta Municipal de Agua de Juárez y la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua implementen un programa de infraestructura intermedia que permita almacenar y distribuir agua de forma más equitativa en la zona.
Como parte de estas acciones, también se estableció que la Secretaría de Hacienda del estado deberá asegurar recursos prioritarios destinados a estas obras en zonas consideradas de atención prioritaria.
El fallo de la Corte abre un precedente relevante en el país, al reconocer que la falta de regularización de un asentamiento no puede ser utilizada como argumento para negar el acceso a un derecho humano básico como el agua potable.
Especialistas consideran que esta resolución podría influir en otros casos similares en México, donde miles de personas viven en asentamientos irregulares sin acceso a servicios básicos.
Con esta decisión, la Suprema Corte refuerza el principio de que los derechos humanos deben garantizarse a todas las personas sin importar su situación jurídica o el estatus del lugar donde habitan.
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