DIANA ALVARADO | 6 DE AGOSTO DE 2026.-La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, presuntamente ordenó destruir videograbaciones fundamentales relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. La titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que las investigaciones permitieron establecer que el ocultamiento de las imágenes fue una acción deliberada impulsada desde la administración estatal.
Durante un mensaje a la nación, la fiscal general explicó que las grabaciones correspondían a las cámaras de seguridad 12 y 15 ubicadas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala, las cuales captaron el momento en que el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaban varios de los normalistas, fue interceptado por policías municipales y estatales antes de la desaparición de los estudiantes. Según la FGR, estas imágenes constituían una de las pruebas más importantes para reconstruir los hechos ocurridos aquella noche.
Godoy afirmó que las nuevas investigaciones permiten sostener que la desaparición de los videos “no fue un acto aislado ni una omisión técnica”, sino el resultado de “una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal”. La funcionaria indicó que la hipótesis de la Fiscalía se sustenta en nuevos actos de investigación, testimonios y pruebas recabadas durante el reanálisis integral del expediente Ayotzinapa.
De acuerdo con la FGR, diversos testigos colaboradores señalaron que las grabaciones sí existían y que fueron retiradas por instrucciones directas del entonces gobernador para impedir que fueran incorporadas a la investigación. Estas declaraciones, junto con otros elementos de prueba, permitieron al Ministerio Público Federal solicitar y obtener una orden de aprehensión en contra de Aguirre Rivero por su presunta participación en el ocultamiento de evidencia y en delitos relacionados con la administración de justicia.
El exmandatario fue detenido la mañana del 6 de agosto en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y posteriormente trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, donde quedó a disposición de un juez federal para determinar su situación jurídica. La captura forma parte del nuevo modelo de investigación implementado por la FGR para esclarecer el caso Ayotzinapa y fincar responsabilidades a quienes presuntamente participaron en el ocultamiento de pruebas.
La Fiscalía sostuvo que continuará profundizando las investigaciones para identificar a todos los servidores públicos y particulares que pudieron intervenir en la desaparición de evidencia relacionada con uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en México. A casi doce años de los hechos, el Gobierno federal asegura que el objetivo es avanzar hacia el esclarecimiento total de lo ocurrido con los 43 normalistas y garantizar el acceso a la verdad y la justicia para sus familias.
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