Nicolás Durán de la Sierra
Hace unos días, la actual legislatura estatal aprobó por mayoría la iniciativa que recién enviara la gobernadora Mara Lezama para tipificar y ampliar las sanciones que se aplicarían a taxistas del Estado en casos de violencia a usuarios o a otros servidores privados de aplicación, en un intento formal por acabar o al menos disminuir los abusos de los choferes de taxi.
Se trata de modificaciones al código penal y a la ley de Movilidad del Estado que, en lo toral, permiten que las violaciones a las mismas sean perseguidas “de oficio”, es decir, sin denuncia previa. El decreto viene a ser el corolario de la operación policiaca federal y estatal que hace unos tres meses se llevara a cabo en la sede del otrora intocable sindicato de taxistas de Cancún.
Loable es, desde luego, el intento de la gobernadora por normalizar el caótico sistema de transporte estatal, una tarea que había sido relegada sexenio tras sexenio más por intereses creados que por apatía. El gobierno estatal pasado creo el instituto de movilidad, sí, pero es en este cuando comenzó a funcionar, aunque muchas veces, se debe reconocer, de manera errática.
No obstante, la enjundia civilista de esta legislatura fue más allá de lo esperado, y tipifico también como delitos los bloqueos ciudadanos de vías de comunicación como los de “madres buscadoras” o ejidatarios inconformes, con lo que conculca un derecho ejercido y muchas veces por el expresidente López Obrador, creador de Morena, partido que encabeza la legislatura; debe ser un desliz de los diputados.
Desde luego, debe repetirse, la mayoría de los taxistas de Cancún y del Estado, son honorables, lejanos a los abusos en cuestión, pero lo hallado en la sede de su sindicato dice hasta donde pueden llegar quienes se adueñaron de ese gremio y es con dedicatoria a ellos que se reformaron las leyes ya dichas. Una iniciativa que puede hacer un antes y un después.
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