El Minotauro /
Por Nicolás Durán de la Sierra /
La posición asumida por el gobernador Carlos Joaquín González frente a la reducción de las partidas federales hacia Quintana Roo, es digna de atención no sólo en el Estado, sino también en el resto del país, pues pone de nuevo en el escaparate una demanda que desde tiempo atrás debió airearse: reformar de la Ley de Coordinación Fiscal entre los estados y la federación, pues la vigente es obsoleta y hasta inequitativa.
Por esta ley, avalada por los estados, es que el IVA y el ISR son cobrados por la federación, la que después los reparte entre los propios estados vía las aportaciones y participaciones federales. Eso implica que el gobierno federal maneja casi el 80 por ciento de los ingresos fiscales del país, lo que hace a los estados dependientes casi vasallos financieros y por ende políticos del poder central. Esto, de facto, violenta las soberanías estatales.
Lo que buscan el gobernador Carlos Joaquín y los otros mandatarios estatales, que no es poca cosa, son nuevas reglas en la operación de los recursos, en sus tiempos de entrega y en el monto la de las retribuciones; buscan que los estados capten el 20 por ciento de los recursos que aportan a la federación, cinco por ciento más que hasta ahora, y que en igual medida crezca la asignación a los municipios.
Carlos Joaquín plantea una convención hacendaria en la que los gobernadores, de oposición y de Morena, y la Secretaría de Hacienda lleguen acuerdos que permitan un mayor equilibrio entre los que aportan y el quienes reparten. En tanto, siguen las pláticas sobre el dinero que se asignará a Quintana Roo en 2020. Hasta ahora el monto ofrecido, al decir del gobernador, lejos está de cubrir “las necesidades más importantes de Estado”.
Así pues, este octubre es un mes crucial para el futuro económico del Estado.
