*Inició el análisis y estudio de la iniciativa presentada por el Dip. Alday, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que busca impulsar un marco de oportunidades y desarrollo para las y los quintanarroenses, ya que personas con discapacidad, mujeres y adultos mayores enfrentan desafíos al buscar empleo justo y bien remunerado.
El Diputado del Trabajo Hugo Alday busca reformar y agregar fracciones al Artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, y reformar fracciones del Artículo 21 de la Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la Discriminación en el Estado de Quintana Roo, con el objetivo promover la inclusión laboral, la equidad salarial y la no discriminación para personas en situación de vulnerabilidad (pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad) y así nivelar las oportunidades y el bienestar de los quintanarroenses, fortaleciendo así el tejido social.
Esta mañana, inició el análisis y estudio de dicha iniciativa en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por la Dip. María José Osorio, en la búsqueda de lograr un estado próspero a través de empleos que permitan el sustento diario y un mejor futuro para todas las familias quintanarroenses.
Las cifras del INEGI muestran que en 2020, de los 126 millones de habitantes de México en edad de trabajar, más del 52% son mujeres, pero solo el 42% está activa en el mercado laboral.
En el caso de las personas con discapacidad, 6,179,890 de mexicanos, (el 4.9% de la población) enfrentan obstáculos para encontrar empleo debido a actos de discriminación y la falta de accesibilidad en los lugares de trabajo.
En cuanto a los adultos mayores -en 2020- de los 15.1 millones de personas de 60 años o más en México (el 12% de la población total), solo 4.3 millones tenían empleo, según el INEGI.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, publicó que las personas con discapacidad, las personas no heterosexuales, las personas indígenas, las personas con ascendencia afrodescendiente, las mujeres y las personas mayores de 60 años son los grupos a los que se les niega más frecuentemente el derecho al trabajo.
Por ello, para reducir la pobreza y la desigualdad, es esencial que el mercado laboral funcione adecuadamente. A pesar de que existen regulaciones para la inclusión laboral, aún persisten formas de discriminación en el mercado laboral que limitan el acceso, la permanencia y el desarrollo de los grupos vulnerables.
Estas conductas de discriminación privan a las personas de sus libertades, derechos y oportunidades, lo que las coloca en desventaja y les impide desarrollarse plenamente.
La inclusión social se promueve proporcionando a los grupos vulnerables los medios necesarios para llevar una vida digna y estable, lo que incluye acceso a empleo, salud, educación y estabilidad financiera.
Es fundamental crear condiciones para que todos los ciudadanos tengan acceso a un trabajo digno y socialmente útil, con un énfasis especial en brindar oportunidades laborales a los grupos vulnerables y en garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los trabajadores.
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