DIANA ALVARADO 26 AGOSTO 2020.- A solicitud de la Directora General del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), Silvia Damián López, la Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), Claudia Carrillo Gasca impartió la conferencia virtual la “Violencia Política de Género a la luz de las reformas del 2020”.
Carrillo Gasca detalló que, en la reforma de 1996, se determinó que los partidos políticos nacionales consideraran en sus estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no excedieran el 70% por un mismo género. Asimismo, en la reforma de 2002 quedo consignado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) la obligatoriedad de cumplir con cuotas electorales de género a nivel federal.
En este andar legislativo, dijo que fue en la reforma de 2008 cuando ya se hablaba de una cuota obligatoria de 40-60 en candidatos propietarios de un mismo género, procurando paridad. Y fue en la reforma del 2014, cuando trajo consigo la lucha por la paridad e implicaba que mujeres y hombres participaran en igualdad de condiciones en todas las actividades de la sociedad.
“Pero queda claro, que dejar de ser invisible ha traído consigo la violencia política en razón de género”, afirmó.
Admitió que las mujeres mexicanas han recorrido un importante camino en la conquista y reconocimiento de sus derechos, en unos cuantos años.
Y destacó que gracias a la última reforma federal en materia de Paridad y Violencia Política en Razón de Género que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en abril de este año, México ya cuenta con leyes que permiten denunciar por la vía penal, administrativa y jurisdiccional este delito, lo cual tendrá un impacto importante en la vida política electoral de México y que deberá aplicarse en el proceso electoral del 2021.
“Estamos en la cuenta regresiva en Quintana Roo para que el legislativo armonice la reforma federal con las leyes locales, porque ante las omisiones legislativas vigentes seguimos en indefensión en materia de violencia política contras las mujeres en razón de género”, afirmó.
Señaló que las reformas en materia de paridad y violencia política en razón de género, buscan prevenir, erradicar, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género, en especial, elevó a rango de Ley la Violencia Política en Razón de Género.
“Lo que se busca es que se garantice la plena participación de las mujeres en los asuntos públicos del país, pero en un ambiente libre de violencia política contra éstas”, apuntó.
Insistió en que era urgente y necesario que la violencia política con elementos de género que se ejerce contra las mujeres, en elecciones o fuera de ellas, tuviera una formulación normativa, de tal forma que inhiba la concurrencia de esta práctica, que transforme la percepción discriminatoria que todavía existe acerca de la capacidad de las mujeres para la participación política y para ejercer un cargo público. Es por ello, además, lo valioso de la reforma federal.
Presentó ejemplos de casos evidentes de violencia política en contra de las mujeres, como las Juanitas, las Manuelitas y asesinatos en contra de mujeres que participaban como precandidatas, alcaldesas y diputadas.
Participaron en esta plática 62 servidoras y servidores públicos del IQM.
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