DIANA ALVARADO 24 DE ABRIL 2025.- El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por ocho votos a favor y tres en contra (incluida la oposición de la presidenta Guadalupe Taddei) abrir un procedimiento de revisión de candidatos de la elección judicial para detectar, desde antes de la jornada electoral del 1 de junio, si en esta contienda están postuladas personas sentenciadas por violencia.
Sin embargo, se permitirá competir a los presuntos violentadores, pues antes de la elección solo se daría a conocer un corte informativo sobre ello, y la recepción de pruebas seguiría abierta.
El insumo de información será utilizado por el INE para emitir – durante la sesión del 15 de junio-, la declaración de validez de la elección y las constancias de mayoría de las candidaturas ganadoras.
Los supuestos que se analizarán son los relativos a sentencias firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; el normal desarrollo sicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, o violación a la intimidad sexual; por violencia política en cualquiera de sus modalidades, o ser declarada la persona como deudora alimentaria.
Desde la presentación del punto, en la sesión de consejo general de este jueves, se explicó que los comités de evaluación de los tres Poderes de la Unión, responsables de la selección de candidaturas solo pidieron a los aspirantes un escrito, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que no han incurrido – o recibido sentencia- en episodios de violencia.
Incluso el comité del Poder Judicial ni siquiera concluyó esa fase, pues se disolvió antes de tiempo, por lo que algunas consejerías dijeron que los comités fueron omisos en cuanto a tener certeza de la revisión de la denominada ‘8 de 8’, regla constitucional que impide a violentadores ser postulados o llegar a un cargo por el voto.
El proyecto, presentado por Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Género, señalaba el 12 de mayo como la fecha límite para recibir información de la ciudadanía, respecto a posibles casos de violentadores postulados.
Esa vía tenía como fin tener tiempo para revisar la información disponible, generar un balance y someterlo a consideración del consejo general el 31 de mayo, en la víspera de la elección.
Al final, la mayoría de consejeros admitió modificaciones para ampliar la fecha de presentación de eventuales sentencias firmes, incluso hasta antes de la entrega de la constancia de mayoría, y que los reportes previos quedaran a nivel de informes.
TOCA AL SENADO Y AL TEPJF, NO AL INE: TADDEI
En oposición, la consejera presidenta subrayó que la revisión de expedientes de los entonces aspirantes ya fue hecha por los comités de evaluación, por lo que el procedimiento propuesto – finalmente aprobado- atenta contra la presunción de validez con la que el Senado envió al INE los listados e infringe el principio de mínima intervención del Estado, al vulnerar el principio de presunción de inocencia.
Además, consideró, el proyecto coloca al INE otra vez en exceso de atribuciones reglamentarias, porque su función es enviar la información al Senado para que proceda en lo conducente para dar vigencia a los supuestos que se revisan en la denominada 8 de 8.
Aclaró que su postura no significa cancelar la revisión sino respetar las campañas y las reglas de participación, pues se sentaría un mal precedente considerando que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es el responsable de revisar el incumplimiento de cualquier requisito que lleve a la inelegibilidad de una candidatura.
Taddei dijo que son bienvenidas todas las denuncias las cuales “les daremos curso remitiéndolas ante las autoridades competentes y garantizaremos que se aplique el derecho”, pero solicitar de nueva cuenta y recabar firmas de los candidatos, a través de formatos específicos, implica desconocer las labores ya realizadas.
Manifestó su oposición a que en un proceso inédito en el que se ha pretendido restringir la promoción de la elección, los gastos personales de las candidaturas, entre otros aspectos, se arroje una nueva carga a las candidaturas durante el desarrollo de las campañas.
La consejera Zavala le respondió que la tarea del INE de declarar (el 15 de junio) la validez de la elección y emitir las constancias de mayoría no es un trámite burocrático sino una alta responsabilidad porque ahí es cuando se revisa el cumplimiento no solo de los requisitos de elegibilidad para quienes van a llegar a ocupar un cargo sino también que la elección haya reunido las cualidades necesarias para ser válida, libre e íntegra.
Agregó que revisó los expedientes de los candidatos – sobre todo en el sitio de currículas (‘Conóceles) y ahí no vienen, sí los tenemos los consejeros porque nos los entregaron los expedientes digitales en unas USB, pero, por ejemplo, como el Poder Judicial no concluyo todo su procedimiento, pues yo no encontré ningún formato.
“Entonces ¿a quiénes palomeamos?”, señaló al advertir que no se puede dar esa tarea a la Secretaría Ejecutiva porque ya tiene mucho quehacer , mientras que no afectaría las campañas pedirles un formato a los candidatos.
También criticó las observaciones (de la oficina de Taddei) que llegaron a la comisión de Género, porque significaba que el INE no se hiciera cargo del procedimiento.
“No, el área no nos va a decir a las y los consejeros si procede eso o no, eso lo valoramos nosotros antes de la Comisión y justamente decidimos someterlas a votación para que no hubiera alguna duda con el área.
“Sí, sí lo teníamos claro, (las observaciones) era no hacerlo, nosotros decimos que sí”.
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