DIANA ALVARADO 06 DE ABRIL 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que el gobierno federal rechazó el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU porque extrapoló cifras de manera incorrecta, al aplicar datos de un periodo anterior a la situación actual del país.
Durante su conferencia, explicó que el documento tomó información correspondiente al periodo de 2009 a 2016 y la extendió hasta 2025, lo cual —señaló— genera una interpretación equivocada de la realidad actual.
La mandataria detalló que el informe se basó en el análisis de solo cuatro entidades del país durante años previos a su administración, pero sus conclusiones fueron generalizadas a todo México en la actualidad.
Sheinbaum también indicó que el reporte no se apega a los criterios establecidos por la ONU sobre desaparición forzada, por lo que consideró que excede el marco técnico y jurídico que debe seguir este tipo de evaluaciones.
Asimismo, sostuvo que el documento no toma en cuenta las acciones implementadas por su gobierno para atender la problemática, incluyendo estrategias de búsqueda, coordinación con colectivos y combate a la delincuencia organizada.
La presidenta enfatizó que el fenómeno de desapariciones en México no corresponde a una política de Estado de represión, como lo define la desaparición forzada en los estándares internacionales.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación calificó el informe como “tendencioso y falto de rigor jurídico”, al considerar que omite avances logrados desde 2018 y amplía indebidamente la definición del delito.
Sheinbaum adelantó que su gobierno buscará establecer comunicación con el Alto Comisionado de la ONU, con el fin de explicar formalmente las razones por las cuales no están de acuerdo con el contenido del informe.
El informe del organismo internacional ha generado polémica, ya que plantea preocupaciones sobre la situación de desapariciones en México, mientras el gobierno sostiene que sus conclusiones no reflejan correctamente el contexto actual del país.
Con esta postura, el gobierno federal mantiene su rechazo al reporte de la ONU, argumentando que presenta datos descontextualizados y conclusiones que no corresponden a la realidad actual de México.
