DIANA ALVARADO 18 DE ENERO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso fin este domingo a un conflicto agrario histórico que se prolongó por más de 80 años entre comunidades indígenas, al encabezar la entrega de la documentación oficial que da vida jurídica al ejido Nuevo Cruz del Palmar, en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato.
El acto, realizado en esta nueva comunidad ubicada a 12 kilómetros del centro histórico de San Miguel de Allende, marcó el cumplimiento de uno de los compromisos del Plan de Justicia para los Pueblos Chichimeca y Otomí del Noreste de Guanajuato y del Semidesierto de Querétaro. También representó -subrayó la mandataria- un paso más de la Cuarta Transformación (4T) en el reconocimiento del Estado mexicano y en la petición de perdón a los pueblos indígenas por siglos de despojo, exclusión y opresión.
“Es la resolución pacífica de un conflicto histórico y el reconocimiento de las tierras (indígenas). Así inició en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador… Inició con el Plan de Justicia del pueblo Yaqui. Inició pidiendo perdón no porque él hubiera cometido alguna atrocidad, sino por las atrocidades del pasar que se cometieron durante muchos años contra el pueblo yaqui. Y ese perdón se amplía a todos los pueblos originarios. Hay algunos que deben reconocer que deben pedir perdón. Y vamos a seguir insistiendo en ello”, dijo.
El nuevo ejido Nuevo Cruz del Palmar, con una extensión de 569 hectáreas, puso fin al conflicto histórico entre el ejido La Petaca y la comunidad de La Cruz del Palmar. Durante el acto, la presidenta entregó el expediente agrario y el padrón vigente de ejidatarios del nuevo núcleo agrario, que forma parte del municipio de San Miguel de Allende.
La mandataria dijo que el Plan de Justicia para los pueblos Chichimeca y Otomí se desarrolla en el contexto de la Cuarta Transformación, un momento histórico en el que, por primera vez desde la independencia de México, la Constitución reconoce de manera plena a los pueblos indígenas y afrodescendientes como sujetos de derechos, con autonomía y capacidad de decisión sobre su territorio y su desarrollo.
Destacó que a diferencia de las constituciones surgidas de la Independencia, la Reforma y la Revolución, la reforma constitucional de 2024 incorpora de forma expresa estos derechos, como resultado de la lucha histórica de los pueblos y de una visión de Estado basada en el humanismo mexicano, que reconoce la dignidad, la cultura y la resistencia del México profundo como pilares del proyecto nacional.
“Nunca se reconoció en esas tres constituciones a los pueblos indígenas…. Es ahora en la 4T, en el 2024, que en la Constitución están con todos sus derechos los pueblos indígenas, por primera vez en toda la historia, ahí se reconocen la autonomía de los pueblos, los derechos plenos de las comunidades indígenas”, dijo.
Entre los avances más relevantes del Plan destacó la resolución pacífica de un conflicto agrario de más de 80 años, que derivó en la creación y reconocimiento del ejido Nuevo Cruz del Palmar. A ello sumó la recuperación de la capilla del Puerto de Calderón, como acción de rescate del patrimonio cultural y espiritual de las comunidades.
También, expuso, en materia de bienestar social, el Plan de Justicia ha permitido la construcción de cinco comedores escolares y la realización de un encuentro de parteras, así como la puesta en marcha del Centro de Excelencia en Partería y Bienestar en San Miguel de Allende, respaldado por una nueva normativa que reconoce el valor histórico y social del trabajo de las parteras.
Asimismo, señaló que se han otorgado apoyos a 712 jóvenes a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y se han entregado 1,123 apoyos de vivienda, además de la incorporación de las comunidades a los programas de bienestar existentes y a los nuevos programas sociales impulsados a nivel federal.
Un avance estructural de especial relevancia es la implementación del Fondo para el Bienestar de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), un nuevo derecho ya reconocido en la Constitución, mediante el cual todas las comunidades indígenas y afrodescendientes reciben un presupuesto directo de manera anual.
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