Juan Novelo: urge fortalecer el Gran Consejo Maya

DIANA ALVARADO 01 MARZO 2026.- “Es imprescindible fortalecer las atribuciones, funciones y ámbito de acción del Gran Consejo Maya, previsto en la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo, y que es un órgano reconocido como interlocutor legítimo, pero que requiere reglas mínimas de certeza para hacer viable su operación, sin interferir en sus sistemas normativos internos”, afirmó el Regidor Juan Novelo Zapata, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Ayuntamiento de Playa del Carmen.

Explicó que materializó en una iniciativa las propuestas plasmadas en un escrito de Hermelindo Be Cituk, Presidente de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), encaminadas a ampliar el margen de acción de dicho Consejo; dicha iniciativa recientemente la presentó al Cabildo de Playa del Carmen.

A pregunta expresa sobre: ¿Qué es el Gran Consejo Maya?, dado que hay desconocimiento ciudadano sobre tal instancia, el concejal dijo que es la institución máxima de representación de los indígenas mayas quintanarroenses. Sus funciones son velar por la conservación de los usos, costumbres, tradiciones e idioma maya en sus comunidades, así como en sus centros ceremoniales, siendo que las autoridades estatales y municipales deben reconocer y respetar esa institución, así como los acuerdos que emita, por lo cual debe visibilizarse su trascendencia e importancia social y cultural.

Aseveró que en caso de que la iniciativa sea aprobada por el Cabildo playense, deberá ser remitida a la Legislatura local, para el trámite legislativo correspondiente. Reiteró la importancia de la iniciativa de reformas a diversos artículos de la citada Ley, que, entre otros propósitos, busca:

1. Establecer una vigencia administrativa de tres años para el Gran Consejo Maya, respetando que su integración, relevo, ratificación y, en su caso, reelección se determinan conforme a usos y costumbres; y

2. Reconocer expresamente la posibilidad de definir y, en su caso, cambiar la sede administrativa, a través de acuerdos adoptados por el propio Gran Consejo Maya conforme a sus formas tradicionales, con un mecanismo de comunicación institucional que permita a las autoridades atender, coordinar y apoyar sin obstaculizar su validez interna.

Mencionó que la reforma propuesta debe venir acompañada de un proceso de consulta previa, libre e informada, culturalmente adecuada, y realizada mediante las instituciones representativas del pueblo maya, garantizando la participación efectiva de los Centros Ceremoniales y del Gran Consejo Maya.

Afirmó que: “En la integración del Gran Consejo Maya deberá promoverse la representatividad territorial de los municipios del Estado de Quintana Roo en los que exista presencia histórica o actual del pueblo maya, atendiendo a criterios de equilibrio regional y pluralidad cultural, de acuerdo a los usos y costumbres de los Centros Ceremoniales. Asimismo, las autoridades estatales y municipales deberán reconocer dicha representatividad para efectos de coordinación institucional, sin interferir en los procedimientos tradicionales de designación”.

Señaló que estas medidas se contemplan en el marco constitucional y convencional de derechos humanos, que imponen a todas las autoridades el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; por tanto, los derechos de los pueblos indígenas, incluida su libre determinación y sus instituciones representativas deben ser ampliados y asegurados, no restringidos.

“No obstante, en el ámbito legal, no se precisa una duración o vigencia administrativa del Gran Consejo Maya ni se establece una regla clara sobre su sede administrativa para efectos de coordinación, gestión y continuidad institucional; esta ausencia normativa puede traducirse en incertidumbre operativa: dificulta la planeación interinstitucional, la debida gestión de apoyos, la trazabilidad de acuerdos y la continuidad de interlocución entre el Consejo, el Estado y los municipios”, enfatizó.

“En el tema del reconocimiento y garantía de los derechos humanos de las comunidades indígenas debemos pasar de los discursos a los hechos. Desde la Regiduría a mi cargo, y, sobre todo, desde la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, que me honro en presidir y que está integrada por mis homologas Regidoras Marian Solís Arriaga y Matilde Carrillo Vejar, estamos trabajando para proponer acciones encaminadas a eliminar los obstáculos y barreras que limitan el desarrollo de las comunidades indígenas playenses, que en pleno siglo XXI viven en situación de pobreza, teniendo acceso limitado a servicios básicos de salud, educación, entre otros, y las personas indígenas siguen siendo discriminadas por su condición”, finalizó.