A pocos días de la jornada para renovar parte del poder judicial de la nación, por desgracia nada hace suponer que sus previsiones de éxito hayan aumentado. En el Estado, con sólo la mitad de las casillas usuales y estas con nueva ubicación, los cálculos de aforo no van más allá del 10% del padrón, según las propias autoridades electorales, y eso siendo optimistas.
Por qué el gobierno federal, auspiciador de la jornada, al calor de estos números rojos en todo el país ¿insiste en su realización? Porque no tiene otra opción: peor sería no llevarla a cabo y no sólo por su costo: unos 13 mil millones de pesos, sino también porque le daría margen de maniobra a los actuales jueces, a los que se quiere sacar por corruptos, dicho de manera simplista.
Hay quienes censuran y con razón el proceso en puerta; van con sus fines, que es obvia la urgencia por renovar tan turbio poder, pero no con cómo se da la renovación, pues ha prendido alertas en todo el país no sólo por la calidad de los posibles ganadores de la ridícula tómbola, sino porque muchos de ellos son tan o más corruptos que los que se van. ¿Y si quedamos peor que ahora?
La calidad de los candidatos de los poderes ejecutivo y legislativo, sobre todo por el último, dejan ver el pelaje de sus elegidos: los hay hasta con nexos con el narco. Si bien los poderes estatales van de comparsa, parte son del montaje y, claro, aseguran su plato en el raro festín, con lo que el panorama se complica aún más. No van los más aptos, sino los que mejor padrino tienen.
En lo que llegan unos y se acaban de ir los que se van, hay la posibilidad de aire limpio en este renovado poder, aunque renovado y mejorado no significan lo mismo. No obstante, algunos con valía habrán de llegar, así sea tan sólo por posibilidad aritmética. Es lo deseable, pues si no el proceso sería una gran jugada de gatopardismo: es decir, que todo cambie para que todo quede igual.
