La liquidez gubernamental en contingencia /

A Tiro de Piedra   /
Por Julian Santiesteban   /

La urgencia de una nueva convención hacendaria y la operatividad no centralizada del Insabi han tomado de nuevo relevancia ante la pandemia del Covid-19 en México, no por cuestiones políticas, sino porque ahora que se ha entrado en la fase dos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se pondrá a prueba la verdadera capacidad de cada entidad de atender el problema hacia el interior, considerando el desplome de las actividades económicas y la situación actual de los respectivos sistemas de salud estatales.

En una conferencia de prensa realizada este martes en Chetumal, la capital de Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín González reconoció que el debate toma ahora vigencia por la urgente necesidad de las entidades federativas de contar con esquemas de distribución de recursos más equitativos, señalando que para la entidad que gobierna el actual sistema resulta injusto, considerando los recursos que se generan y los que se obtienen una vez que la federación los regresa presupuestalmente hablando.

Desde el año 2019, la Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) solicitaron a la Secretaría de Hacienda federal –en los albores de la discusión por los presupuestos estatales- que se realizara una nueva convención hacendaria para obtener una repartición más equitativa de recursos, postura que fue respaldada desde la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). En el caso de Quintana Roo, durante su participación en el Foro Forbes de Negocios, Carlos Joaquín se pronunció por la necesidad de buscar dicho esquema de coordinación más equitativo, para atender las necesidades de la gente, las que viven en ciudades que crecen a un ritmo acelerado como las quintanarroenses.

Sin embargo tal situación no ocurrió, y ahora que la pandemia causa estragos económicos, el mandatario reconoció ante los medios de comunicación que deberán cancelar actividades presupuestadas que, en la coyuntura, no resulten prioritarias, para poder contar con los recursos para ello. Hace unas semanas debatíamos también sobre la operatividad del Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar), sobre el esquema centralista diseñado y esta situación trae a colación de nuevo este debate, aseveró este día, palabras más o menos.

Y es que, mientras se sigue discutiendo si es fase una o dos; si la gente permanece en casa o continúa la sinrazón de no atender los llamados de las autoridades de salud, prever los recursos con que operarán las entidades y el mismo gobierno federal es de la más alta prioridad, aun cuando resulte poco complaciente –discursivamente hablando- no circunscribirse a “los pobrecitos que no tienen nada”; hay temas de Estado que deben estar ya en la agenda pública. Hace días destacaba el escribiente las acciones en materia de seguridad previstas y, dos días después, hubo ya saqueos y amenazas de ellos, en el caso de Quintana Roo estos últimos.

Analizado en el tiempo, resulta pues que los esquemas demandados por los mandatarios panistas tenían poco de “politizado” y mucho de pertinencia, a la luz de las circunstancias actuales; pues el federalismo fiscal debe sin duda renovarse y los servicios de salud fortalecerse, a menos que se prefiera seguir combatiendo los males con adelanto de pensiones a los adultos mayores y anteponiendo los escapularios “Detente” frente a los riesgos de salud pública nacionales; eso sí, mientras se centralizan los dineros y decisiones del país.

COMENTARIO MORBOSO

¿Por qué a un policía ministerial, con funciones de escolta, se le asignarían tareas administrativas como investigar a los propietarios de valiosos predios costeros para que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción los incaute, en los procesos abiertos en contra de funcionarios de pasadas administraciones estatales? Pues eso hacía  Jorge Aparicio Domínguez, desaparecido hace siete meses, quien fue “levantado” en Cancún y hasta ahora no aparece.

En sus veinte años de servicio, Aparicio Domínguez fue escolta de dos aspirantes a candidatos a gobernador en Quintana Roo: Mauricio Góngora Escalante y José Luis “Chanito” Toledo Medina; además de realizar tareas similares para dos ex procuradores como son Arturo Álvarez Escalera y Gaspar Armando García Torres. Lo “curioso” del caso, según expuso en redes sociales el colega Gonzalo Hermosillo, es que, en las indagatorias del caso, los padres del elemento señalaron que más policías ministeriales llegaron a la casa de su compañero a incautar su computadora personal y un teléfono celular, sin que se conozca hasta ahora avance alguno del caso. Siete meses sin noticias.

¿Tendrán algo que comentar sus antiguos empleadores? ¿la actual fiscal anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, a quien estaba asignado como escolta personal, pero desempeñando las taras ya señaladas? Si, Jorge Aparicio Domínguez recibió amenazas de muerte y ya presentía que “alguien” lo dañaría. “Alguien” tendrá que responder, ¿pero quién? Así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.