Nicolás Durán de la Sierra
Más allá de si conviene o no, la marcha de Aguakan de Quintana Roo es un hecho, y lo que se ignora es en qué condiciones y, sobre todo, cuándo se dará su salida. La fecha no se antoja próxima por los grandes recursos financieros y legales de que dispones esta trasnacional. empresa que, de entrada, se amparó ya contra el fallo legislativo que terminaría con su estancia en el 2023.
Era lo que las autoridades estales habían previsto, pues no sería fácil que la empresa dejase el generoso negocio del abasto de agua potable en todo el norte de Quintana Roo. Por ejemplo, sólo por las 7 mil tomas de agua de Isla Mujeres, Aguakan capta más en un año que todo el presupuesto anual isleño. ¿Cuánto dejaría Cancún, con base en el cobro mínimo mensual de 260 pesos por el servicio, si son más de 170 mil tomas del líquido?
La lucha del gobierno estatal por hacer valer la consulta popular del 2022 sobre la estancia o no de la empresa será enorme pues, como se dijo, Aguakan, subsidiaria de Aguas de Barcelona, sociedad presente en diversos países, tiene recursos para dilatar el juicio por mucho tiempo, aunque al final abandone la plaza. El holding BlackRock es asesor del consorcio catalán.
Esta lucha, por otra parte, tiene una vertiente política ya que en la danza de millones que significó no sólo la duración de la propia concesión –más mil de millones entregados al exgobernador Roberto Borge- sino además porque era generosa en la revisión del precio del servicio llevada por la legislatura en turno. Los precios no los fijaba Aguakan, sino los diputados. Las aguas negras.
Con todo, la empresa se va de Quintana Roo y comenzó ya su salida. La postura de la gobernadora es firme, clara: “toda concesión que no dé el servicio como debe a la ciudadanía, no tiene cabida en el Estado” dijo Mara Lezama al inicio del conflicto. Ella tiene a su favor la razón y el valioso respaldo de la actual presidencia de México. Los dados, pues, están tirados…
