DIANA ALVARADO 30 DE MARZO.-A casi tres años de su entrada en vigor, la Ley de Minería continúa sin poder aplicarse plenamente debido a la falta de su reglamento, lo que ha impedido que sus disposiciones se implementen en la práctica, denunciaron organizaciones civiles.
De acuerdo con el colectivo Cambiémosla Ya, la ausencia de este instrumento normativo ha dejado en el aire aspectos clave de la ley, especialmente aquellos relacionados con la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades.
La organización señaló que, sin reglamento, las autoridades carecen de lineamientos claros para ejecutar lo establecido en la ley, lo que genera vacíos legales que favorecen la continuidad de prácticas extractivas sin una supervisión adecuada.
Uno de los principales objetivos de la reforma a la Ley de Minería era fortalecer la regulación de la actividad minera, garantizar la consulta a pueblos indígenas y limitar concesiones en zonas protegidas, pero estos avances no se han materializado plenamente.
Activistas advirtieron que esta situación también afecta la transparencia y rendición de cuentas en el sector, ya que no existen reglas claras para evaluar el cumplimiento de las nuevas disposiciones por parte de las empresas.
Asimismo, destacaron que la falta de reglamentación impide establecer mecanismos efectivos para prevenir daños ambientales y sociales, particularmente en regiones donde la minería ha generado conflictos con comunidades locales.
El colectivo hizo un llamado al gobierno federal para emitir a la brevedad el reglamento correspondiente, a fin de garantizar la aplicación integral de la ley y evitar que quede como una reforma sin efectos reales.
También subrayaron que el retraso representa un incumplimiento en materia de política pública, ya que limita la posibilidad de avanzar hacia un modelo de minería más responsable y sustentable.
Por su parte, autoridades federales no han informado una fecha concreta para la publicación del reglamento, lo que mantiene la incertidumbre sobre la operatividad de la ley.
Con este panorama, organizaciones civiles advierten que la Ley de Minería enfrenta el riesgo de permanecer como una norma incompleta, mientras no se emitan las disposiciones que permitan su correcta implementación en todo el país.
