Mando único, el desmoronamiento

A Tiro de Piedra
Por Julian Santiesteban

El primer acto de corrupción que un funcionario público comete  

es aceptar un cargo para el cual no está preparado 

Anónimo

Al aun secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra, se le podrán poner todos los calificativos que se quiera, a propósito de la brutal represión en Cancún, de activistas que demandaban seguridad y fueron repelidos hasta con balazos. El funcionario podrá incluso permanecer en el cargo por el resto de la administración estatal, pero su estrategia de mando único para mitigar los delitos ha fracasado y, si como hoy se afirmó, el municipio de Benito Juárez, sale de dicha estrategia, la misma ha perdido incluso la razón de su existencia.

Quien fuera titular de la Policía de Benito Juárez, Eduardo Santamaría Chávez, fue ya destituido (chivo expiatorio, pudiera pensarse). Vino a Quintana Roo de la mano de Capella Ibarra y le ha tocado “apechugar”, porque si el gobernador Carlos Joaquín González, dio la orden de no reprimir y la misma fue transmitida por el titular estatal de Seguridad a todos sus mandos, es impensable que el ahora ex funcionario desobedeciera, siendo hombre de todas las confianzas del “Rambo de Tijuana”, pues fungió en Morelos como su titular de la Policía de Investigación. Pero el daño está hecho, y el ayuntamiento ha dicho que dejará el mando único, siendo ese municipio el que aglutina más de la mitad de la población y en donde más crímenes se cometen, mantener la estrategia en el resto de la entidad es mero formalismo.

Las afectaciones políticas también deberán analizarse en un futuro inmediato, pues cerca estaba la búsqueda de la reelección por parte de la alcaldesa Mara Lezama Espinosa, y se le mencionaba incluso como aspirante a la gubernatura, el daño realizado con los excesos cometidos está apenas por dimensionarse, a partir de la impopularidad que acarreen los hechos; por ahora, basta decir que abandonó el equipo de la presidenta, su secretario general, Issac Janix Alanís, quien estuvo en el cargo 5 meses y, antes de eso, fue el regidor más crítico de la gestión de Lezama Espinosa, con su regreso a la oposición, se suman más detractores que no permitirán que lo ocurrido quede en el olvido.

Pero, en lo que se refiere a lo meramente policial, cabe decir que no sólo el municipio de Benito Juárez ha anunciado su separación del mando único, también hay visos de ruptura en Othón P. Blanco y Solidaridad permanece en el mismo prácticamente a la fuerza; pero aun cuando dieran marcha atrás, resulta más que evidente que los resultados no hay, por lo menos no positivos, porque es importante no olvidar que la brutal represión es sólo la manifestación más reciente de una indefensión ciudadana sistemática. Los reprimidos se manifestaban justamente en demanda de justicia por los feminicidios y la inseguridad que se vive en la entidad.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, 8 de cada 10 quintanarroenses se sienten inseguros en la ciudad que habitan; a excepción de este 2020, en que los delitos se han desplomado, más por efecto de la pandemia del Covid 19 que por una acción articulada de las instituciones, todos los delitos se han disparado hasta en un 200 por ciento en los últimos 4 años; luego entonces, la designación de Capella Ibarra no ha hecho diferencia, más allá de la interpretación de las estadísticas para articular un discurso que propale que vamos muy bien.

Impresentable, intolerable, inadmisible, pero sobre todo, ineficiente. Aun así, Capella Ibarra probablemente llegue al viernes como titular de Seguridad y ese día deberá comparecer ante los diputados. “Se le cae la cara de vergüenza” ha dicho por lo ocurrido, y ha recalcado que su renuncia siempre “ha estado en la mesa”; el escribiente afirma: Es hora de aceptársela.

COMENTARIO MORBOSO 

Y a propósito de represiones, dos reporteros resultaron heridos de bala en la protesta de Cancún, lo que nos hace recordar que, desde 2017 y a petición del Poder Ejecutivo estatal, la XV Legislatura abrogó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Quintana Roo, por una mal entendida “limpia” institucional porque a la norma le pusieron el mote de “Ley Borge”, cuando nunca durante la gestión anterior el señalado ordenamiento estuvo en vigencia.

Desde entonces y hasta ahora, en la Secretaría de Gobierno “dormita” Elías Antonio Prado Laguardia, como enlace con el mecanismo nacional de protección a periodistas. Declaró hace cosa de dos años, que 28 periodistas solicitaron adherirse al mecanismo de protección, sin otorgar mayores detalles; pero el asunto de fondo radica en esa indefensión tangible y evidente. Por cierto, también diputados de la XVI Legislatura han recibido proyectos de ley para volver a construir y pasarla para su aprobación. Seguimos esperando.

Mientras eso ocurre, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su presidente, Marco Antonio Toh Euán, trae una revuelta interna por la destitución discrecional de la mayoría de sus mandos medios, lo que lo tiene lidiando con diferentes denuncias por despidos injustificados y abusos diversos y un Poder Judicial considerado el tercer peor en todo el país, con el 97 por ciento de impunidad. Como podrá verse pues, la indefensión parece sistemática: una Secretaría de Seguridad que no la brinda; un Poder Judicial que no otorga justicia, la inexistencia de normas de protección y un ente vigilante del respeto a los derechos humanos cuyo titular los viola incluso al interior. Andamos mal y de malas, y todo indica que así seguiremos, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.