Mayoría legislativa, la polémica que viene

A Tiro de Piedra /

Por Julian Santiesteban /

Cuando las diferencias políticas sobre la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo parecían suspendidas, otra polémica está a punto de surgir por la exigencia a los diputados para que definan la bancada a la que pertenecerán, antes incluso de que se instale la nueva legislatura. Una manera de intentar “amarrar” a los diputados para que no se alíen con “el enemigo” para obtener posiciones de decisión al interior del Congreso.

La construcción de mayoría legislativa fue tradicionalmente un proceso que se definía en la instalación de la legislatura, así ocurrió incluso en esta XV que fenece, y a partir de ello se posibilitaba al grupo más representativo presidir la Gran Comisión, misma que dejará de existir a partir de la XVI, pero no por ello la lucha por el control del Congreso es menor, pues aunque Morena será el partido con más representación –con 14 diputados, con sus aliados y si gana la disputa actual por los plurinominales- aun requerirá alcanzar los 17 curules para realizar cambios constitucionales, para lo cual seguramente ofrecerá espacios en comisiones importantes a cambio de la alianza estratégica; lo que al parecer pretende impedir la nueva normatividad.

El artículo 20 de la nueva normatividad establece que el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) deberá informar a la Comisión instaladora, a más tardar el 02 de septiembre, los resultados definitivos de la elección, especificando en la lista de diputados, el partido del que proceden o la bancada a la que han decidido pertenecer; exigencia esta última que, de acuerdo con expertos en el tema electoral, no existía antes y menos que la autoridad comicial tuviera que informar sobre la conformación de las fracciones parlamentarias o el cambio de algún legislador a una diferente al partido de su origen; y aunque la normativa no especifica sanción alguna si algún legislador no informa su cambio, la posterior integración de fracciones pudiera ser impugnada por dicha omisión, y ahí está el candado que se pretende imponer a la construcción de mayorías una vez instalada la legislatura.

Ahora bien, los partidos políticos tienen su propia normatividad en la que sancionan o expulsan a sus militantes si apoyan a fuerzas políticas diferentes, pero recuérdese que en el Legislativo federal, cinco diputados procedentes del Partido Verde Ecologista (PVE) se cambiaron a la fracción de Morena para alcanzar la mayoría calificada sin perder su militancia; escenario que pudiera repetirse en lo local en cualquier otro partido, ¿será que en Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD) temían ya la desbandada desde diciembre de 2018? ¿Será que los diputados actuales aducirán que ese cambio tampoco estaba en el proyecto original y que fue modificado “a modo” una vez pasada la elección de junio de 2019? ¿De verdad nadie se dio cuenta de esa exigencia hasta ahora?

En la Ley Orgánica, insiste el escribiente, no se sanciona al legislador que procediendo de un partido se integre a una fracción parlamentaria diferente, y no pone en riesgo su reelección, pues el partido tendría que expulsarlo antes, pero si ello ocurre antes de que concluya el primer año de gestión, puede postularse por otro; ¿y si lo expulsan después? Simple, para ese entonces seguramente ya hizo los “amarres” suficientes para continuar su trayectoria política. Luego entonces, la exigencia legal parece más un amague, una estrategia para obligar a los diputados a jugar con “cartas abiertas”, sin mayor consecuencia.

Más aun, como Morena parece estar en su mejor momento político, no se advierte riesgo de ruptura, pero faltará conocer la opinión de los legisladores electos de ese y los demás partidos sobre esta exigencia y si cumplirán ante el Ieqroo informando desde ahora sobre algún cambio de bancada que preparen, ¿será necesario cambiarse de bancada cuando pueden hacer mayoría con una alianza estratégica? Pero esté atento el lector a las versiones de los diputados salientes cuando manifiesten su asombro y nieguen haber aprobado la medida, son tiempos de cotizarse para el futuro; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.

COMENTARIO MORBOSO

Y a propósito de leyes y polémicas, este domingo venció el plazo para que el Ejecutivo estatal formulara observaciones, en caso de haberlas, a la recién aprobada Ley de Protección y Bienestar Animal de Quintana Roo, de acuerdo con el artículo 69 de la Constitución estatal, que establece diez días para ello; pero además el artículo 70 de la carta magna estatal establece que: “se considera aprobado todo proyecto de ley o decreto no devuelto por el Ejecutivo en este plazo, a no ser que durante ese término la Legislatura hubiere entrado en receso, en cuyo caso la devolución deberá hacerla el primer día de sesiones del periodo siguiente.”

Luego entonces, en la semana que inicia deberá publicarse la norma y faltará ver si los foros que realice la XV Legislatura sirven realmente de base para una modificación posterior exigida por galleros y aficionados a la tauromaquia; o si dichos trabajos tienen que esperar hasta septiembre que se instale la siguiente legislatura de Morena, pues información extraoficial del Congreso local indica que a partir de agosto habría un último periodo extraordinario para conocer del tema, pero recuérdese que 19 de 25 diputados ya votaron en favor de la protección de las especies señaladas.

Luego entonces, faltará ver si las reuniones que tendrán los actuales diputados en los diferentes municipios no son una mera cortesía, ¿será que el tema entonces tendrá que ser abordado por Morena a partir de septiembre? ¿Será que alguien le dio “atole con el dedo” a galleros y taurinos? Por lo pronto, la presente semana se publicará la norma en cuestión. Ojalá, es por el bien de todas las especies animales, faltando claro, incluir a otras que también son explotadas, como los delfines y tiburones en los centros turísticos de la entidad; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra.