DIANA ALVARADO | 31 DE JULIO DE 2026.-La dirigencia nacional de Morena expresó su respaldo a la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenó al presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, retirar publicaciones y abstenerse de utilizar el término “narcopartido” para referirse al movimiento guinda. El partido oficialista sostuvo que la autoridad electoral determinó que dichas expresiones carecen de sustento y constituyen afirmaciones sin respaldo probatorio.
En un comunicado, Morena afirmó que el PRI “insiste en recurrir a la mentira” y señaló que la resolución del INE confirma que las acusaciones difundidas por su dirigente nacional no cuentan con elementos que las respalden. El partido sostuvo que el movimiento ha sido respaldado democráticamente por millones de ciudadanos en las urnas y rechazó que se le vincule con organizaciones del crimen organizado mediante señalamientos sin pruebas.
La dirigencia guinda aseguró que la determinación de la autoridad electoral no representa un acto de censura, sino la aplicación de la legislación vigente para evitar la difusión de expresiones que puedan afectar la equidad del debate político. Morena añadió que la libertad de expresión debe ejercerse con responsabilidad y sin difundir afirmaciones que no hayan sido acreditadas por las autoridades competentes.
El pronunciamiento se produjo después de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE dictara medidas cautelares contra Alejandro Moreno, al considerar que las publicaciones en las que calificó a Morena como “narcopartido” podrían constituir propaganda calumniosa durante el desarrollo del proceso electoral rumbo a 2027. En consecuencia, el dirigente priista deberá retirar los mensajes señalados mientras se resuelve el fondo del procedimiento.
Por su parte, el PRI calificó la decisión como un acto de censura y anunció que impugnará la resolución ante las instancias jurisdiccionales correspondientes. El partido tricolor sostiene que las medidas adoptadas por el INE limitan la libertad de expresión de la oposición y restringen el derecho de realizar críticas al gobierno y al partido en el poder.
La controversia ha intensificado el debate político entre oficialismo y oposición de cara a las elecciones federales de 2027. Mientras Morena considera que la resolución fortalece el respeto a la legalidad y evita la difusión de acusaciones sin sustento, el PRI insiste en que el caso representa un precedente que podría afectar la libertad del debate público. Será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien, en su momento, determine la legalidad definitiva de las medidas impugnadas.
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