DIANA ALVARADO 07 DICIEMBRE 2022.— La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada cambios a la Ley de Comunicación Social, para determinar que las opiniones de los funcionarios públicos no constituyen propaganda, y entró a la discusión de una reforma a la legislación electoral, que presentó Morena tras un acuerdo con sus aliados del PT y PVEM, que para votar en favor del nuevo marco negociaron cambios para blindar su permanencia en el sistema electoral.
La iniciativa presidencial con un paquete de cambios a seis leyes en materia electoral, que retomó Morena y se discutió en el pleno con la dispensa de todos los trámites, sin estar previamente publicada en la Gaceta Parlamentaria, habría afectado a sus aliados en el monto del financiamiento y en el reparto de diputados plurinominales.
Casi a la una de la mañana, la oposición abandonó en bloque el recinto, luego de advertir que presentarán acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e incluso amagó con recurrir a instancias internacionales.
La salida de PRI, PAN, PRD y MC aceleró la aprobación de la reforma, y los cambios a la Ley de Comunicación Social, así como a la Ley de Responsabilidades, se avalaron casi a las dos de la mañana, con 267 votos en favor y 221 en contra.
Desde la mañana, las cabezas de ambos grupos parlamentarios (PT y PVEM) pidieron al coordinador de Morena, Ignacio Mier, tiempo para analizar la iniciativa y presentar sus observaciones, pero el legislador poblano se negó. No obstante, el jaloneo continuó durante el día y por la noche.
En una nueva versión de la reforma, PT y PVEM lograron amarrar que se pueda mantener el registro como partidos políticos, aun si no obtienen el mínimo nacional de 3 por ciento, si mantienen el registro local al obtener al menos 3 por ciento de la votación local emitida, en al menos 17 estados del país.
Como parte de las negociaciones, el PT impulsó eliminar el requisito que obliga a los partidos nacionales contar con al menos 3 mil militantes en por lo menos 20 estados o a mantener el mínimo de militantes requeridos en las leyes respectivas para su constitución y registro.
De hecho, la iniciativa incluyó prácticamente todas las propuestas del partido que dirige Alberto Anaya. La bancada había amenazado a Morena con sufragar en contra y el PVEM también; en conjunto cuentan con 74 votos, que la diputación guinda necesitaba para votar el marco electoral.
Como parte de los acuerdos, el PT logró incluir que “los partidos políticos podrán, con cargo a su financiamiento público ordinario, realizar ahorros en un ejercicio fiscal para poder ejercerlo en años posteriores”, aun cuando las disposiciones presupuestales obligan al reintegro a la Tesorería de la Federación.
Otro de los puntos nodales de la iniciativa del PT que se agregó es la figura de convenio de distribución de votos emitidos entre los partidos y que, cuando postulen una candidatura común, en un mismo recuadro de la boleta aparezca el logo o emblema de cada uno. La propuesta original proponía que los partidos aparecieran en la boleta por separado, lo que habría disminuido el número de votos y, por lo tanto, de legisladores en el Congreso.
El nuevo arreglo de Morena con sus aliados retrasó por cuatro horas el inicio de la segunda sesión de ayer, tras el rechazo a la iniciativa constitucional del Presidente.
A las 10 de la noche, la mesa directiva decretó un receso, y desde el panismo surgió el coro “¡cash al Verde, cash al Verde!”, en referencia a las negociaciones de ese partido.
Cuando la presidenta de la Comisión de Reforma Electoral, Graciela Sánchez (Morena), informó del pacto y entregó el legajo de 242 páginas a la mesa directiva, la oposición coreó que el trámite fue ilegal, porque no se cumplió con el requisito de publicarlo antes en la Gaceta Parlamentaria.
La oposición acordó presentar posturas en contra, pero después abandonó el recinto. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, manifestó que Va por México cumplió con no darle la mayoría calificada a la iniciativa constitucional del Presidente y anticipó que, si la propuesta de legislación secundaria viola la Carta Magna, se presentarán recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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