No se debe dar ni un paso atrás en autonomía de autoridades electorales: Lorenzo Córdova

No se debe dar ni un paso atrás en autonomía de autoridades electorales: Lorenzo Córdova
No se debe dar ni un paso atrás en autonomía de autoridades electorales: Lorenzo Córdova

CIUDAD DE MÉXICO 19 AGOSTO 2019.- Bajo la premisa de construir un nuevo sistema electoral donde se privilegie el consenso y no se vulnere la certeza de los procesos electorales, consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sostuvieron una reunión de trabajo con diputadas y diputados que integran el Grupo de Trabajo para la Reforma del Estado y Electoral.

Al inaugurar la reunión, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, refrendó la disposición de la autoridad electoral para contribuir con información a la mejor toma de decisiones en la construcción de una reforma electoral.

Recordó que la de 2014 no es una reforma fundacional “ni una reforma perdida en la historia de la transición. Es el último estadio de una serie de cambios pactados por las fuerzas políticas en las últimas cuatro décadas”.

Subrayó que, después de las reformas de 1997 a 2014, “hoy la democracia mexicana es fuerte y saludable”, lo cual se refleja en que existen elementos como la posibilidad de transición, la paridad legislativa, la representación de los pueblos y comunidades indígenas y un sistema donde se garantiza los derechos de las minorías, por lo que refirió “si bien el sistema electoral es perfectible, funciona y es un referente internacional”.

El Presidente del INE sostuvo que nadie está en contra de la racionalidad del uso eficiente de los recursos públicos, pero en una posible reforma electoral no se debe dar ni un paso atrás en la autonomía de las autoridades electorales, la certeza de los procesos, la equidad y la representación de la pluralidad.

Al contrario, dijo, se debe apostar por un futuro más incluyente a partir del consenso y no de la imposición de una mayoría, “es el consenso y no la imposición lo que se está planteando como ruta para definir el rumbo del país”.

Al tomar la palabra, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, coordinador del Grupo de Trabajo, coincidió en que se debe buscar el mayor consenso posible y no vulnerar la certeza de las elecciones; sin embargo, indicó, el Estado mexicano debe ser más austero y para lograrlo, se debe revisar el funcionamiento de los entes electorales.

El diputado reiteró el compromiso del Congreso de la Unión de que todas las voces sean escuchadas en la construcción de una reforma electoral.

En la reunión las consejeras y consejeros pusieron a disposición de las y los legisladores información sobre diversos temas del sistema nacional de elecciones.

Necesario otorgar a los OPLE autonomía administrativa

El Consejero Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión de Vinculación con  Organismos Públicos Locales, señaló que, si bien la reforma constitucional de 2014 logró desvincular a los integrantes de los institutos locales de los gobiernos en las entidades, es necesario revisar su autonomía administrativa.

“Señaladamente algunos gobiernos de entidades federativas, de todos colores, han ejercido presión por la vía administrativa al funcionamiento de estos órganos. Por ello, podría pensarse que la autonomía administrativa de estos órganos se garantice por la Cámara de Diputados a través de recursos que pudieran ser etiquetados desde la misma Cámara”, mencionó.

Asimismo, añadió el Consejero Baños, se tiene una oportunidad de revisar el procedimiento de remoción de las y los consejeros electorales a nivel local, ya que en las disposiciones actuales no se contemplan sanciones intermedias que no sea la remoción de su cargo.

Al abordar la relación entre el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), la Consejera Pamela San Martín expuso que actualmente hay un modelo híbrido incompleto de origen, que, si bien aspira a la homologación de procedimientos entre lo federal y lo local, “hay empates y desencuentros” entre las leyes locales y la general o federal, con los calendarios electorales y las facultades de autoridades pues no se estableció el cómo debería llevarse a cabo la coordinación.

Lo anterior ha generado que los OPLE sean dependientes del INE en la normativa y en la ejecución de las actividades, lo cual “puede mejorarse nacionalizando las elecciones, acompañada de una reingeniería o fortaleciendo la coordinación”.

Explicó que, a través del Reglamento de Elecciones, se buscó concretar y homologar procedimientos, “pero el seguimiento al cumplimiento de estas reglas implica que la estructura se tenga que volcar al seguimiento normativo y en la ejecución de las actividades, lo que hace que, en todo proceso local, además de hacer actividades propias que tiene encomendado el INE se tenga que coordinar con otras que hacen los OPLE”.

Debemos cuidar el impacto del diseño de una sola autoridad electoral

Posteriormente, el Consejero José Roberto Ruiz, quien fungió como Presidente de la Comisión de Reglamentos del INE, refirió que dicho ordenamiento normativo pretende estandarizar la calidad de la organización de los procesos electorales con altos niveles de precisión y detalle en los procedimientos que se deben implementar, en ocasiones los OPLE no han tenido la capacidad para ejecutar dichas disposiciones.

Ante esta situación, mencionó que, desde su perspectiva, “aunque hay un buen Reglamento de Elecciones que pone con detalle lo que pueden hacer los OPLE, ahora necesitamos estar vigilando que realicen esa función”. Por este motivo, propuso una relación muy estrecha entre el INE y el Congreso, a fin de suministrar información técnica y estadística sobre cómo impactaría la existencia de una sola autoridad electoral a nivel nacional.

La reforma no puede prescindir del Servicio Profesional Electoral

El Consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), mencionó que una de las cosas irrenunciables que debe contemplar la reforma es la permanencia y fortalecimiento del cuerpo civil de carrera del INE, un pilar que ha permitido el cambio democrático.

Explicó que la reforma electoral que se discute debe preservar el SPEN y evitar que se prescinda de él, que se disminuya o se lesione a las personas que mayor experiencia tienen en la organización de elecciones.

“Si una garantía tienen ustedes, es que los funcionarios del INE van a hacer bien su trabajo, es porque ellos también tienen una garantía, que son totalmente ajenos al resultado y como servidores públicos ellos van a seguir haciendo su labor, gane quien gane y pierda quien pierda, nunca le van a deber su trabajo a los actores políticos ni a los consejeros electorales, ya que llegan a través de concursos públicos de oposición”, afirmó.

La fiscalización un éxito, aún tiene ámbitos de mejora

El modelo de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y campañas electorales locales y federales, a cargo de una sola autoridad como lo ha hecho el INE, ha sido un éxito, pues es un sistema expedito, con reglas homogéneas; un reporte de ingresos y gastos en línea y dictámenes que se entregan de forma oportuna a los tribunales electorales para que valoren si se aplica o no las causales de nulidad, afirmó el Consejero Benito Nacif Hernández.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, planteó ante las y los legisladores que puede ser un buen momento para analizar la sobrecarga de actividades de la Unidad Técnica de Fiscalización, que en un año tiene que revisar informes y preparar dictámenes del ejercicio ordinario de campañas locales, federales y concurrentes; fiscaliza a los partidos en formación; supervisa la liquidación de partidos que han perdido su registro,  Asociaciones Políticas Nacionales y organizaciones que hacen observación electoral.

“Esta reforma puede ser un buen momento para revisar qué es esencial para las funciones de la Unidad Técnica de Fiscalización y el INE y qué otras puedes trasladarse a otros ámbitos”, señaló.

Otorgar claridad a criterios de actuación

Por su parte, la Consejera Adriana Favela, integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias, señaló que la Comisión ha tratado de aclarar los criterios que se aplicarán para que los actores conozcan la visión y comprendan que sí y que no pueden hacer.

Consideró desafortunado que tanto la Sala Especializada como la Sala Superior, ambas del TEPJF, han revocado diversas resoluciones, les propone a los legisladores simplifiquen y expliquen con mayor claridad al legislar, respecto a los derechos y obligaciones de los actores políticos.

Refrió que desde el INE se han impulsado temas como la protección del bien superior de los menores que aparecen en spots de radio y televisión de los partidos políticos; la inclusión de mecanismos para apoyar a personas con discapacidad en spots y eventos, así como el combate a la violencia política en contra de las mujeres, además de la utilización del lenguaje de señas.

Oportuno definir sentido de informes de gestión y de gobierno

La Consejera Claudia Zavala afirmó que una reforma electoral debe partir no de generalizaciones, sino a partir de datos constatables y objetivos que permitan analizar las problemáticas que permitan dar una solución a ello.

Por lo que, en el tema presupuestal, solicitó a los legisladores “leer con atención cuáles son las definiciones y razones que el Consejo General pondrá sobre la mesa, ya que van alienadas con una garantía institucional que tiene que ver con la autonomía e independencia de las autoridades administrativas”.

En cuanto a los procedimientos sancionadores, la Consejera Zavala, señaló que es oportuno definir el sentido que deben tener los informes de gestión y de gobierno, ya que desde la legislación ha quedado un espacio de ambigüedad lo que ha generado un abuso de este derecho.

Voto electrónico, una oportunidad de simplificar procesos electorales

El Consejero Jaime Rivera expuso que hay algunos procedimientos electorales que pueden simplificarse sin necesidad de una reforma legislativa, pero que requieren del acompañamiento del legislativo “sin sacrificar ni un ápice de la certeza y sin sembrar desconfianza”.

Uno de ellos, dijo, es el voto electrónico, que desde el 2010 el Instituto Nacional Electoral ha trabajado en un modelo y en la posibilidad de su implementación, que podría traducirse en ahorros financieros, más exactitud, rapidez y certeza en los resultados.

“Debe ir acompañado de una solución técnica impecable, pero también de un respaldo físico para eventuales revisiones y ser absolutamente auditable”, expuso al agregar que se analiza la posibilidad técnica de la implementación de un modelo experimental de aplicación parcial para las elecciones de 2021 y no se descarta proponer un modelo experimental para las dos elecciones locales de 2020.

Voto por internet para mexicanos que radican en el extranjero y su participación política

En tanto, el Consejero presidente de la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto, Enrique Andrade detalló que el voto postal cuesta poco más de 30 dólares cada uno, por lo que planteó la posibilidad de tener un voto por internet para los mexicanos que radican en el exterior, principalmente en Estados Unidos.

“El voto por internet significaría un ahorro y además la posibilidad de que más mexicanas y mexicanos que radican en el extranjero pudieran realmente ejercer sus derechos políticos, es un tema que en el INE estaremos reflexionando, pero también sería muy positivo tener un acompañamiento desde el Poder Legislativo, para ver los niveles de certeza con el uso de esta tecnología”, agregó.

El Consejero Andrade pidió el apoyo al legislativo para trabajar en acciones afirmativas para que cada vez más mexicanos participen en la política del país con una representación política en el Congreso.

Necesario legislar sobre violencia política contra las mujeres por razón de género

El tema de paridad fue tratado por la Consejera Dania Ravel, presidenta de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación, quien estableció que se tiene que legislar sobre violencia política contra las mujeres por razón de género y poner claramente el tipo administrativo y las sanciones en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

“En la Ley General en materia de Delitos Electorales también se tiene que tipificar la violencia política contra las mujeres por razón de género para que se prevean medidas de protección y medidas de reparación. Sólo cuando se haga toda la armonización legislativa se podrá hablar de una política integral de género”, consideró.