DIANA ALVARADO 10 NOVIEMBRE 2026.- Julián Cupul Canul, alcalde de esta comunidad de Lázaro Cárdenas, se ha desentendido por completo de las obras efectuadas con fondos federales, por diferencias con el comité que las implementa, al grado de prohibirle a los policías cuidar su realización o delimitar los trabajos.
Este martes, inició el remozamiento del parque de la localidad, en donde serán instalados unos juegos infantiles, situación que afecta a los comerciantes ambulantes y a los taxistas que se instalan en el lugar.
Aunque el comité del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) pidió su intervención, para que reubique a estos comerciantes, o les proporcione un toldo, el alcalde se negó a hacerlo, al alegar que el tema no le compete.
Varios comerciantes le recordaron que le pagan 20 pesos diarios por el uso del parque, pero la autoridad local lo minimizó, al alegar que el monto es muy poco y que solo sirve para cubrir su gasto de gasolina.
Yesenia Carmona Olvera, tesorera de este comité, recordó que la semana pasada el alcalde intentó destituirlos, sin tener respaldo legal para ello, debido a rencillas por el manejo de estos recursos.
El FAISPIAM designa dinero directamente a comunidades con población indígena para obras supervisadas por un comité ciudadano. En el caso de Ignacio Zaragoza, este año les tocó 2.2 millones de pesos.
Desde un inicio, el alcalde se negó a apoyar al comité con la delimitación de las obras. Aunque las calles asfaltadas fueron abanderadas con cintas, había quienes pasaban por ellas en motocicleta. El comité pidió apoyo a Seguridad Pública, pero los policías les dijeron que tenían prohibido acudir, por órdenes del alcalde.
El pasado viernes, el comité sesionó para avalar una segunda tanda de obras, consistentes en 880 mil pesos para un área de juegos en el parque, y 220 mil pesos para renovar la fachada del panteón.
En la sesión, el alcalde presentó una cotización para unos juegos tubulares, lo que fue rechazado por el comité, que ya acordó traer unos juegos de plástico. Esto agravó las diferencias con la autoridad local.
“Eran dos hojas impresas con montos, que no estaban dirigidas a nadie y que carecían de formalidad, cuando nos quedaban apenas 24 días para aplicar el recurso o caer en un subejercicio”, explicó la tesorera.
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