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Cuando Quintana Roo se mantiene en un forzado vaivén para no regresar al color rojo en el Semáforo Epidemiológico estatal, durante más de un mes se ha mantenido un cómplice silencio sobre la irregular disposición de recursos desde los Servicios Estatales de Salud, para la entrega discrecional en contratos a dos empresas ligadas a un oscuro personaje apodado “El Venezolano”, y con montos que ya superan los 254 millones de pesos, aprovechándose de la pandemia de Covid 19.

Este martes 22 de diciembre, el escándalo llegó hasta la Presidencia de la República, pues ante el mandatario federal fue expuesta –aunque de manera bastante torpe, notándose incluso que el reportero poco entendía lo que exponía- la manera discrecional en que se entregaron 6 contratos a Jorge Brizuela Guevara y su esposa, Vanesa Vargas; para la operación e instalación de las carpas Covid, y la proveeduría de cubrebocas; y hasta ahora el presidente ha dicho únicamente que el gobierno estatal debe dar su versión de los hechos, e incluso dijo que pueden aprovecharse las conferencias matutinas para ello y la respuesta…nada, silencio.

Todo comenzó con una serie de correos electrónicos –en poder del escribiente- enviados el 25 de noviembre pasado a la de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), a la Secretaría de Salud (Sesa), a la administradora de dicha dependencia Elvia Aguillón; al mismo gobernador del estado, Carlos Joaquín González; y el titular de la Secretaría de la Contraloría estatal, Rafael del Pozo Dergal, en los que Ingeniería Solución Aporta, Constructora Yama, Media Tensión, Proveedor de aires acondicionados Juan Carlos Kinil; Equipamiento y Renta de Equipo Médico, Versatilidad, Infra Oxígeno (gases medicinales, tuberías, plantas de emergencia, operación); todas empresas subcontratadas por Iiafer Constructora, propiedad de Jorge Brizuela a quien se le adjudicó la instalación y operación de las carpas covid en la entidad, denuncian que, a pesar de que la empresa ya cobró por los trabajos, a ellos se les adeudan varios millones de pesos.

Más aún, uno de los empresarios, dueño de Constructora Yama, Jorge Marzuca Fuentes, quien en fotografías y grabaciones difundidas de “El Venezolano” aparecía como su íntimo amigo, demanda el pago para su empresa, pero además revela que la beneficiaria del contrato, es decir, Iiafer, nunca tuvo recursos para realizar los trabajos y que la Sesa tampoco dio anticipo por los mismos, lo que evidencia la falta de capacidad financiera de “El Venezolano”, pero aun así fue beneficiado con el contrato, y los trabajos financiados por los subcontratistas, quienes ahora han sido abandonados, a pesar de que los recursos ya fueron entregados al polémico personaje, que en diversas grabaciones difundidas hace meses, se dice cercano al gobernador del estado, Carlos Joaquín González.

Este tema en concreto, el de la capacidad presupuestal de la empresa, está siendo investigado desde la Secretaría de la Contraloría Estatal, sin que hasta ahora su titular haya dado fecha de conclusión o mostrado avances de la carpeta abierta. Mientras eso ocurre y las carpas y sus 278 camas extras con ventilador, permite estadísticamente que la zona norte del estado se mantenga en color amarillo, según versiones extraoficiales, negociaciones del gobierno estatal con los empresarios evitaron que la infraestructura fuera desinstalada, y aunque hay compromiso de pago por parte del gobierno, de los 254 millones de pesos entregados a Jorge “El Venezolano” Brizuela nada se ha dicho, la titular de la Sesa, Alejandra Aguirre Crespo, ninguna explicación pública ha emitido y hasta el cierre del 2020, el gobierno de Quintana Roo, ha dicho que se ha gastado unos mil 600 millones de pesos para atender la pandemia ¿cuántos de esos recursos han sido gastados en empresas como las de Brizuela Guevara? ¿a quiénes han beneficiado con contratos similares y cuántos funcionarios públicos se han enriquecido por el silencio y su participación en esa entrega de contratos?

Y es que, aunque en apariencia no hay irregularidad alguna en la asignación directa de contratos –pues por urgencia puede hacerse-, el “negocio” estuvo tan armado que, primero, se obtuvieron los contratos y luego la Constructora Iiafer se dio de alta en el Padrón de Proveedores estatal y de la Secretaría de Salud hasta septiembre del mismo año. Claramente, alguien fue omiso o toleró la irregularidad administrativa, pero hay datos más claros de la estratagema armada por el personaje cuya actividad profesional se resume, en sus propias palabras, a ser “operador” del gobernador del estado, Carlos Joaquín González, pues Iiafer fue constituida apenas el 07 de agosto de 2019, fue registrada el 04 de septiembre del 2020 en el Padrón de Proveedores del Estado de Quintana Roo con el folio 2320; y de acuerdo a la Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información, en el padrón de los Servicios Estatales de Salud, hasta el 30 de ese mes, tanto la empresa como Vanessa Lizeth Vargas Flores, fueron dadas de alta.

De acuerdo con el artículo 11 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo “solo podrán celebrar pedidos o contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles del Estado de Quintana Roo, con las personas físicas y morales que se encuentren inscritas o se inscriban en el padrón de proveedores del Estado con registro vigente”, texto que se insertó íntegro en el número extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, de fecha 22 de enero de 2019, firmado por el entonces oficial mayor Manuel Alamilla Ceballos. Y entonces ¿quién decidió violentar flagrantemente la normatividad? ¿Está en Sesa la responsabilidad, en Sefiplan? Ya tiene conocimiento la Secretaría de la Contraloría y su titular, Rafael del Pozo Dergal, pero y los resultados de las investigaciones ¿para cuándo?

Ojalá que la respuesta oficial llegue antes que en la conferencia matutina presidencial sean exhibidos nuevos contratos y asignaciones, se habla ya también de otros proveedores vinculados a algunos presidentes municipales que el escribiente mostrará en su momento, pero la pregunta se mantiene en el aire ¿cuántos funcionarios se han enriquecido junto con Jorge “El Venezolano” Brizuela y en qué otros rubros hay procederes similares? Seguiremos indagando, porque al parecer es mucha la pestilencia en su entorno, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.

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