Outsourcing ¿Injusticia para quién?

Por Julian Santiesteban

Más allá de los razonamientos que tienen que ver con la evasión fiscal de las empresas outsourcing mexicanas, lo que subyace es un profundo acto de injusticia, inmoral e ilegal; pues permitir su operación ha posibilitado la construcción de fortunas ilegales, a costa del abuso de casi cinco millones de personas que no pueden aspirar siquiera a forjar un patrimonio digno para sus familias.

Cada año, los discursos oficiales se llenan de autohalagos destacando a Quintana Roo como el estado que más empleos genera, sin reconocer –evidentemente- que una enorme cantidad de ellos violentan los derechos básicos de las personas a contar con seguridad social. 126 mil personas emplean las outsourcings, tan sólo en Cancún y la Riviera Maya. A todas se les descuentan impuestos, pero no se enteran al Servicio de Administración Tributaria (SAT), ¿quién se queda entonces con ese dinero?

Muchos problemas se articulan a ese lesivo sistema de contratación. A los trabajadores, cuando se les otorga seguridad social, se les da de alta con las prestaciones mínimas, por eso en regiones turísticas como las quintanarroenses proliferan “micro viviendas” que sólo generan hacinamiento y condiciones por debajo de la línea del desarrollo establecido por organismos internacionales. Es para lo que les alcanza y es lo que les ofrecen, generando cinturones de marginación que parecen interminables, en una cadena interminable también de complicidades entre autoridades y empresarios de todo tipo.

Por ello, puede ser comprensible la reacción del empresariado que utiliza este tipo de esquemas o que se beneficia indirectamente del mismo, pero su argumentación en el sentido de que se generará una contracción económica resulta un contrasentido, pues el crecimiento de la utilización de las outsourcing está directamente relacionado con la evasión fiscal. El diputado federal de Morena por Puebla, Saúl Huerta Corona, secretario de la Comisión de Hacienda dijo esta semana en entrevista con el escribiente, que debe quedar claro que no hay impuestos nuevos a partir de la prohibición de este esquema de contratación, “lo que ocurre, es que las empresas deberán pagar todos los impuestos que por años han evadido, en perjuicio de la clase trabajadora nacional.”

A propósito de ello, el legislador adelantó que este lunes y martes, en la Cámara de Diputados federal se llevará a cabo un ejercicio de parlamento abierto, en el cual el empresariado mexicano podrá expresar sus opiniones sobre la iniciativa presidencial presentada al Legislativo para desaparecer este tipo de contrataciones en el país, con la intención de que pueda aprobarse en comisiones antes de que concluya la semana. De acuerdo con Huerta Corona, antes del 01 de diciembre deberá quedar aprobada la iniciativa.

Quintana Roo ha sido la entidad que mayor cantidad de empleos ha perdido a propósito de la pandemia de Covid19, se estima que más de 400 mil personas fueron afectadas, la entidad federativa más impactada por el fenómeno; por ello el escribiente destacó en colaboraciones anteriores que la pandemia debiera servir también para modificar los esquemas de contratación, porque la urgencia del empleo puede llevar a las personas a aceptar cualquier esquema de abuso.

Así que la iniciativa presidencial vino a ganarles la iniciativa a los estados, y la recuperación económica del empleo, deberá pasar por el reordenamiento de que sea más digno y se eviten los abusos por parte de un empresariado que, visto está, no tiene amigos sino intereses. Ante esto, a partir de ahora, Quintana Roo tiene la oportunidad de seguir siendo “el campeón del empleo”, pero que sea lo suficientemente digno para generar verdaderas condiciones de desarrollo a quienes dependen del turismo.

COMENTARIO MORBOSO

A propósito de gravámenes y recaudación, el nerviosismo recorre las principales cámaras empresariales estatales, pues aunque aseguran que, previo a la presentación del paquete económico 2021 por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), hubo algunas reuniones en las que se les explicó que habría “ajustes” a algunos cobros que ya se realizan, hasta ahora desconocen la dimensión del “golpe” que sufrirán el próximo año, en aras de amortiguar el recorte presupuestal federal para Quintana Roo.

Y es que la Sefiplan ha propuesto al Congreso quintanarroense, modificaciones en la Ley de Hacienda, Ley de Derechos, Ley del Impuesto al Hospedaje, Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas y Código Fiscal del Estado; además de una reforma a la Ley de Coordinación fiscal entre el estado y los municipios. Las reformas son amplias y los empresarios demandan saber los incrementos que tendrán los impuestos, las medidas más estrictas de las autoridades para la recaudación –que incluiría sanciones en rezagos-, sobre todo en esta etapa en la que, se supone, el estado quiere “apoyar” al empresariado en su recuperación económica, debido a la pandemia por Covid19, no vaya siendo que el discurso no se corresponda con la realidad (como siempre.)

El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XVI Legislatura, José de la Peña Ruiz de Chávez, ha dicho que el análisis será transparente y de cara a la sociedad. Ojalá, porque cuando de aumentar impuestos y derechos, lo que menos existe es transparencia; tanto, que a él mismo, lo han acusado de cambiar dictámenes de último momento para aprobar nuevos impuestos, a espaldas incluso de los mismos legisladores. El tiempo apremia pues, veremos ahora de cuál lado se defienden los intereses de la ciudadanía y el empresariado, pero sobre todo si los recortes federales de recursos se descansan ahora sobre “los hombros de los de a pie”, también como siempre; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.