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Para combatir la extorsión, debe haber autocrítica y políticas públicas sensatas y efectivas, señala el diputado de MC, José Luis Pech

Para combatir la extorsión, debe haber autocrítica y políticas públicas sensatas y efectivas, señala el diputado de MC, José Luis Pech

Para combatir la extorsión, debe haber autocrítica y políticas públicas sensatas y efectivas, señala el diputado de MC, José Luis Pech

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DIANA ALVARADO 25 DE SEPTIEMBRE 2025.— Al votar a favor de que se legisle sobre el delito de extorsión en el Congreso de la Unión, el diputado José Luis Pech Várguez, de Movimiento Ciudadano (MC), señaló que ésta ley debe pasar su aprobación por un momento de autocrítica, debido a que por muy sólida que llegue a ser, corre el riesgo de ser letra muerta si no se acompaña de políticas públicas sensatas y efectivas.

Durante su intervención esta madrugada en la tribuna del pleno de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado, el también Coordinador Operativo de MC en Quintana Roo, dijo que es alarmante que se haya confirmado que el enemigo a veces está en casa, como ocurrió recientemente, cuando fueron detenidos dos policías de investigación activos de Cancún y un ex policía municipal de Isla Mujeres; todos vinculados a casos de extorsión contra ciudadanos y empresas.

Señaló que “la extorsión ha dejado de ser una simple falta para convertirse en un flagelo de alto impacto que no solo afecta el patrimonio, sino también la paz y la estabilidad de las familias trabajadoras, los negocios, y la economía nacional”.

Precisó que “en Movimiento Ciudadano estamos convencido que si queremos resultados diferentes, hay que cambiar la fórmula actual. Necesitamos mucha humildad, autocrítica y una escucha activa a las diversas voces que han vivido esta situación en carne propia”.

Expuso José Luis Pech que “falta un modelo nacional de atención con ventanilla única en las fiscalías, medidas de protección inmediata a las personas afectadas, asesoría jurídica gratuita, acompañamiento psicosocial y, cuando sea necesario, la reubicación física temporal de la persona afectada. Todo ello bajo estrictos protocolos de confidencialidad para resguardar datos comerciales y financieros de quienes denuncian asegurando su integridad y la de sus familiares”.

Es por ello, destacó, que “necesitamos que la nueva Ley General demuestre que las autoridades tienen la voluntad política de perseguir este delito y así la ciudadanía pueda recuperar la confianza en sus autoridades para denunciar”.

Dijo el Dr. Pech que en el país “las cifras son contundentes: en 2023, la extorsión fue el delito más frecuente contra las unidades económicas, con una tasa de prevalencia de mil 562 por cada 10 mil establecimientos.

Agregó que es un delito que en ese año generó un costo de 124 mil millones de pesos y cuenta con una cifra negra alarmante: más del 90 por ciento de los delitos no se denunciaron o no se abrió una carpeta de investigación.

Al referirse al caso de Quintana Roo, el diputado naranja indicó que en el estado la realidad no es distinta. “En el primer semestre de este año tuvimos 107 casos de extorsión, lo que representa más del 85 por ciento de las denuncias en la península de Yucatán, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, datos que contrastan de forma significativa con Campeche, que reportó 15 casos, y Yucatán, con sólo uno.

Añadió que “el delito de extorsión ha crecido mas del 57 por ciento en solo seis años a nivel nacional, y en el primer semestre de 2025, a diferencia de otros delitos de alto impacto que han disminuido, la extorsión aumentó mas del 25 por ciento”.

Precisó que “todo esto evidencia que el sistema de procuración e impartición de justicia no está funcionando. Para mejorarlo requerimos del conocimiento que aportan los estados que sufren el flagelo; pero también requiere de las capacidades federales, presupuesto, inteligencia y tecnología”.

Además puntualizó el Dr Pech, “es necesario homologar el delito y sus sanciones en todo el país, contemplar las distintas modalidades de extorsión, fortalecer la confianza en los canales de denuncia, crear líneas especializadas y herramientas digitales con reserva de identidad, así como convenios con cámaras empresariales y plataformas para poder captar reportes”.

Apuntó que la confianza crece cuando hay plazos claros de respuesta. Y esa es la razón por la que “una Ley General implica respaldar a las autoridades municipales, estatales y federales y, sobre todo, dar a las policías locales las herramientas correctas para enfrentar un problema que las rebasa y que exige coordinación nacional”.

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