Para Héctor Valdez

Julian Santiesteban

“Preso por denunciar corrupción en Quintana Roo”; “detenido y encarcelado sin pruebas”, “fiscal general de Quintana Roo acusado de orquestar detención de periodista”, “lo detienen a pesar de estar en resguardo en casa de mecanismo de protección de periodistas”; todas las anteriores expresiones son titulares de notas que dan cuenta del caso del periodista quintanarroense, Héctor Valdez Hernández, que se encuentra en prisión desde 2020, como consecuencia de hacer su trabajo. Denunció la corrupción del gobierno estatal y del municipio de Tulum, fue perseguido, solicitó ayuda al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y, aun así, terminó preso.

 De Héctor, como de cualquier persona, podrá señalarse cualquier cantidad de cosas, pero existen dos constantes: primero, que ha sido siempre un periodista comprometido y profesional. Aun en prisión, se ha convertido en corresponsal de Los Ángeles Press, medio digital cuya directora, Guadalupe Lizárraga, ha dado amplio seguimiento al caso de Valdez Hernández. Y segundo, nunca fue denunciado por delito alguno, señalado de abuso sexual o alguna de sus variantes, hasta antes de la que sirviera para encarcelarlo. Es tiempo pues de ponerlo en relevancia de nuevo, ahora que sus perseguidores han dejado –o no tienen el mismo- poder.

En resumen, el 17 de mayo de 2019, el periodista denunció ante el presidente de la República, que en Quintana Roo se tenía un “gobierno de terror” y que vivía permanentemente amenazado de muerte por denunciar actos de corrupción y hasta vinculación del gobierno municipal de Tulum, con grupos de la delincuencia organizada. En ese entonces, transcurría el tercer año del sexenio de Carlos Joaquín González y el presidente del llamado “Noveno Municipio” era, Víctor Mass Tah. El ahora ex gobernador es la propuesta del gobierno de la Cuarta Transformación Republicana (4T) para ser embajador en Canadá –proceso que, por cierto, ya se ha alargado inexplicablemente- y el segundo es actualmente regidor en Tulum, luego de que no lograra reelegirse en 2021 y perdiera las elecciones contra el ahora munícipe, Marciano Dzul Caamal, este último, quien ha logrado regresar un ambiente de relativa paz, o por lo menos, de un gobierno sin delincuencia.

Apenas unos cuatro meses después, el periodista fue acusado de violación, luego de que diera alojamiento a una mujer de Tulum, que se trasladó a la Ciudad de México y se lo pidió expresamente y, con quien, dijo el acusado, anteriormente había ya tenido encuentros de pareja absolutamente consensuados. Le armaron el caso pues y lo condenaron a seis años de prisión, de los cuales ya han transcurrido casi dos (fue sentenciado el 30 de noviembre de 2020, es decir, este miércoles se cumplen dos años). Sin embargo, en ese lapso, el ahora preso ha seguido denunciando no sólo la ilegalidad de su encarcelamiento, sino además las infrahumanas condiciones que hay en los diferentes penales a los que ha sido trasladado. Eso, ha incomodado y mucho, a las autoridades carcelarias, por lo que ha sido sometido a actos de tortura e incomunicación.

Aun así, periodistas internacionales, como la directora de Los Angeles Press, Guadalupe Lizárraga, ha dado seguimiento al estado de salud y condiciones carcelarias de Héctor, pero este incluso se ha convertido en corresponsal de ese medio digital desde prisión. Si se considera que, organizaciones como Artículo 19, han registrado que, tan sólo en 2021 hubo, 644 agresiones a periodistas y México está considerado como uno de los países más peligrosos y letales para el ejercicio del periodismo, ya podrá imaginar entonces el lector la facilidad con la que un caso judicial puede armarse y la escasa protección que el Estado ofrece a los que ejercemos el oficio.

Tan es así, que el mismo presidente de la República, el 20 de agosto de 2021, instruyó al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, hacer una revisión del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con el objetivo de que no haya impunidad y garantizar la seguridad de los profesionales de la información y dirigentes sociales. Hasta ahora, no se han anunciado los resultados de tal revisión, pero para el 2023, por lo menos es alentador, se destinará un presupuesto de 736 millones de pesos para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Ojalá hagan la diferencia.

Regresando al caso de Héctor Valdez, si expertos y litigantes coinciden en que la sentencia no tiene sustento, a pesar de que ya ha sido sentenciado. Concluido el sexenio de Carlos Joaquín González y en la víspera de que el fiscal de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales deje el cargo –el rumor es cada vez más insistente-, bien vale la pena revisar el caso por parte de las autoridades locales. Por justicia, por hacer las cosas diferente y en estricta legalidad, porque hacer historia implica no sólo asumir las problemáticas que se presentan en el propio periodo de gobierno, sino también corregir, en la medida de lo posible, lo que se hizo mal en el pasado y puede representar malos precedentes para el futuro; más aún, cuando los actos de autoridad fueron con dolo y por consigna. Más aun, hasta por “lavarle” la imagen a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues las autoridades a su cargo recibieron la denuncia y sentenciaron al periodista quintanarroense.

Y vaya, sería muy mala imagen para una aspirante a la presidencia de la República arrastrar señalamientos de armar casos para simular justicia, cometiendo actos injustos e ilegalidades. Además del aprecio profesional, la vinculación política y el futuro en la administración pública, la coyuntura parece acercar a la jefa de gobierno y a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, quien evidentemente no es responsable ni beneficiaria del encarcelamiento de Héctor, pero ha ejercido el periodismo por décadas, entiende de los riesgos, conoce lo que han sido acusaciones falsas en su contra y, ahora, rige los destinos de su entidad. Seguramente se interesará por uno de los suyos.

Así, el caso de Héctor Valdez es sólo una muestra más de la utilización irregular del poder, es la anulación de las voces críticas atropellando los derechos humanos y garantías constitucionales consignados en la Constitución federal, es el incumplimiento incluso al juramento en el que las autoridades protestan “guardar y hacer guardar la Constitución…” y, como enseñanza para todos, no perder de vista que, por ahora, le ha tocado a Héctor Valdez Hernández purgar una pena inmerecida, ilegal e infundada, mañana puede ser cualquier ciudadano de esta entidad, a menos que las autoridades hagan realmente la diferencia. Solidaridad, empatía; es por el bien de todos.

COMENTARIO MORBOSO 

Excepciones sí hay. En Benito Juárez, la administración de Ana Patricia Peralta de la Peña incrementó en 140 por ciento el cobro de derecho ambiental que enteran los hoteleros. En Othón P. Blanco, Yensuni Martínez Hernández, no sólo no lo incrementó, sino que ya venía cobrando la mitad de lo que en Cancún. En la capital, en una gestión atinada, se logró aplicar el gravamen a los turistas que llegan por crucero, lo que generará más recursos al gobierno municipal. Se amplía la base fiscal en el sur, en el norte, se cargó el gasto de gobierno en los mismos hombros. Ciertamente, hay centenas de millones de diferencia, pero también en el estilo de hacer gobierno. La ventaja en el norte es que son el destino turístico más importante de México, la ventaja del sur… que hay gobierno, capacidad, entendimiento de que hay que cuidar los sectores económicos.

La diferencia se notó. Allá en el norte, los hoteleros han respondido con molestia; no porque eroguen ellos el recurso, sino porque se pierde competitividad y porque, además, siempre se presiona al turismo para compensar las carencias de recursos gubernamentales. En el sur, se consolida más el acompañamiento entre la iniciativa privada y un municipio que lucha constantemente por salir del rezago. Y en medio de ello, el diputado presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, Julián Ricalde Magaña, recriminando al sector porque “están chillando, por un impuesto que no sale de sus bolsillos.” Diferencias sí hay. Tocayo, está usted para más, no para menos; recuerde a Montesquieu: “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.