Para obligar a Benito Juárez a publicar su Atlas de Riesgo recurren a amparo

DIANA ALVARADO 03 DE AGOSTO 2025.— La asociación civil Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) tiene una demanda de amparo interpuesta contra el Ayuntamiento de Benito Juárez, para que publique en una plataforma de internet el actual Atlas de Riesgo, para que pueda ser consultado por la ciudadanía.
El recurso, con número de expediente 238/2025 fue interpuesto en el juzgado cuarto de distrito, con sede en Cancún, en abril. El ayuntamiento ya respondió, alegando que la ley no lo obliga a hacer este documento público. Ahora solo se espera el fallo, que podría tomar otro mes.
Irma Morales Cruz, abogada de DMAS, comentó que es importante que el Atlas de Riesgo de un municipio no sea solo algo que se publique una vez en el Periódico Oficial, sino que sea accesible por los ciudadanos, para conocer los ecosistemas y riesgos de cada zona de la ciudad.
“Esperamos que salga a nuestro favor y que el ayuntamiento publique el Atlas, tal como lo marcan los lineamientos federales”, declaró.
En la actualidad, 10 de los 11 municipios de Quintana Roo cuentan con un Atlas de Riesgo, pero todos hasta ahora son “de escritorio”, sin cartografía real y con graves omisiones. Por ejemplo, el documento anterior de Benito Juárez no señalaba a los cenotes.
DMAS es impulsor de una iniciativa ciudadana, llamada “Ley Tajamar”, que es parte del paquete llamado 4×11 para, principalmente, poner mayores exigencias en el desarrollo urbano, y así impedir casos de ecocidio como el de la bahía Solimán en Tulum.
A nivel federal, explicó, hay varias leyes que exigen los Atlas de Riesgo; sin embargo, en la legislación estatal solo se les menciona, sin que sean una obligación tenerlos.
Lo que DMAS busca con la “Ley Tajamar” es que este instrumento sea actualizado en los primeros seis meses de cada administración, que pueda ser consultado en una plataforma digital, y que sea ligado al Plan de Desarrollo Urbano.
Sobre el paquete 11×4, estas iniciativas ciudadanas ya fueron avaladas por la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, por lo que han sido turnadas al pleno del Congreso del Estado. En el próximo periodo de sesiones, que inicia en septiembre, esperan que se le den lectura y sean turnados a las comisiones respectivas para su análisis y dictamen.
Lo importante, señaló la abogada, es que sean aprobados antes que los municipios emitan sus próximos PDU, para que ya tengan las exigencias marcadas incluidas por ley; de lo contrario, les tocará a ellos vigilar e inconformarse, de ser necesario.