DIANA ALVARADO 06 SEPTIEMBRE 2021.- En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, la Magistrada del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca participó con la conferencia “Derechos y Limitantes Políticos Electorales y Sociales de las Mujeres Indígenas” en el ciclo de conferencias que organizó el Presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, Pedro Enrique Pérez Díaz, denominadas “Justicia y Paridad: Situación de las mujeres indígenas en Quintana Roo”.
“El costo de la participación política de las mujeres indígenas es reflejo del incumplimiento de los principios básicos de la democracia, así como de la falta de respuesta a las demandas específicas de las mujeres indígenas y, finalmente, de los mecanismos que reproducen la exclusión y la discriminación en su contra”, expresó ante las y los participantes conectados de manera virtual.
Dijo que al hablar de usos y costumbres habitualmente se encuentran elementos de dominación, segregación, violencia y discriminación contra las mujeres indígenas que se acentúan en el campo de los derechos político-electorales.
Por ello, es necesario reformar estas prácticas para lograr condiciones en dónde los derechos de las mujeres indígenas sean reconocidos, respetados, pero sobre todo para garantizarles una vida con dignidad, justicia e igualdad, agregó.
“Una mujer indígena que decide incorporarse a las estructuras políticas de los partidos, las agendas de gobierno y los planteamientos públicos que sostienen el quehacer de estos institutos es, casi por definición, una transgresora, que en su experiencia política personal enfrentará descalificaciones, agresiones y exclusión tanto de sus círculos más cercanos, por ejemplo la familia o la comunidad, como hasta de los espacios más amplios del debate y la toma de decisiones públicos, al igual que de las estructuras de sus propios partidos”, explicó.
La Magistrada Carrillo Gasca informó que en números, hasta el 2016 únicamente habían habido 5 senadores indígenas, y entre ellos, sólo una mujer; y en 20 años, se eligieron menos de 58 diputados indígenas (1994-2015), de los cuales sólo 11 fueron mujeres (18.9% del total de diputaciones en tres legislaturas), de ahí que la subrepresentación de las mujeres indígenas se puede constatar con claridad.
También dio a conocer que en las recientes elecciones federales, de los 300 curules de mayoría relativa, 33 ganaron el sector indígena, de los cuales 11 son mujeres y 9 hombres. En la legislatura federal saliente había 3 mujeres y 10 hombres indígenas.
“Como se ve, el número es significativo pero aún insuficiente, las barreras persistentes impuestas por la desigualdad, la exclusión, la discriminación, el racismo y el machismo suponen obstáculos acrecentados para que las mujeres de los pueblos indígenas de México accedan a condiciones reales del ejercicio de sus derechos políticos y ciudadanos, no sólo al interior de sus pueblos y comunidades, sino también en el marco del sistema de la democracia institucional del país”, aseguró.
Dijo que a pesar de estas barreras, la difícil entrada de las mujeres indígenas a la política “formal” se ha venido ampliando en los últimos años, tanto en México, como en otros países de la región, y muchos de estos espacios alcanzados por mujeres indígenas en la política formal no han sido otorgados como una concesión de los partidos, sino en cuanto al fruto de una experiencia de militancia partidista femenina indígena en la que convergen recorridos previos, y hasta paralelos, por organizaciones campesinas, organizaciones propiamente indígenas, movimientos sociales y populares e, incluso, por el movimiento feminista en alguna de sus vertientes.
“Como hemos visto, solo a través de lineamientos y acciones afirmativas se ha logrado la inclusión, pero aun así tras las elecciones federales de la paridad de género, las oportunidades de acceso para este sector de la población siguen siendo tan desproporcionadamente reducidas”, afirmó.
Indicó que si bien, la Constitución Federal contempla los derechos político-electorales de las mujeres indígenas, no obstante, no se puede observar una unanimidad o armonía en las formas y mecanismos de protección, producto de la autonomía de los estados y comunidades en promulgar y ejercer sus propias leyes con base a su historia, tradiciones y cultura.
Por ello, dijo que es necesario reformar estas prácticas para lograr condiciones en dónde los derechos de las mujeres indígenas sean reconocidos, respetados, pero sobre todo para garantizarles una vida con dignidad, justicia e igualdad.
Por lo que sugirió incluir como principio constitucional, el deber de todas las autoridades que actúen materialmente en forma jurisdiccional, la obligación de juzgar reconociendo a todas las personas en sus diversos ámbitos y, respecto de este tema, ello implica utilizar una perspectiva intercultural.
La Magistrada Claudia Carrillo Gasca también expuso casos de mujeres indígenas que han sido víctimas de violencia e incluso, física al momento de contender o ejercer un cargo público.
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