DIANA ALVARADO 16 OCTUBRE 2019.- El diputado local Hernán Villatoro Barrios aseveró que más allá de un marco jurídico y normativo sujeto a un espíritu con sentido punitivo y de carácter fiscal, el gobernador Carlos Joaquín González -como jefe del Ejecutivo- debe encaminar bajo un enfoque social, que procure la salud y el bienestar común entre la sociedad quintanarroense, la prestación del servicio de abastecimiento y suministro de agua potable.
El legislador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) durante la comparecencia de Francisco Gerardo Mora Vallejo, director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), destacó que en Quintana Roo se ha privilegiado con la figura de concesión la privatización de los servicios públicos fundamentales, como son el suministro del agua potable, energía eléctrica y gas.
Y reconoció la potestad del Estado Mexicano para dotar a la población de una prestación de servicios públicos, sin embargo, en la entidad son omisas a las necesidades y demandas sociales de la población tanto la Ley de Agua Potable y Alcantarillado como de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo.
Máxime que la Carta Magna en su artículo 4 establece: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos…”.
Sin embargo, el jefe del Ejecutivo ha sido omiso en dotar de infraestructura y de equipamiento necesario para garantizar el acceso a servicios urbanos idóneos, de manera segura, adecuada y accesible para los habitantes de las ciudades y localidades para mejorar su calidad de vida, así como el adecuado manejo de los recursos naturales, en apego con el Eje 5: Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2021.
En ese sentido, el diputado Hernán Villatoro conminó al titular de CAPA a que lleve a cabo un análisis sobre la eficiencia o suficiencia que la empresa concesionaria “Desarrollos Hidráulicos de Cancún”, mejor conocida como Aguakan, realiza en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, además de un informe respecto a cobros excesivos sobre tarifas, multas, recargos y moratorios.
“La buena salud del ser humano está directamente relacionada con el consumo del Agua, considerado como un tema de salud pública, es por eso que los Gobiernos, en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 115 Constitucional Título V, deben proveer a su población de este vital líquido para el consumo diario; pero en el caso del Estado de Quintana Roo, prefirió ser promotor para concesionar la distribución a AGUAKAN”, comentó.
El legislador explicó que para ello fueron aprobadas diversas leyes en la materia cuyo espíritu tiene un sentido punitivo, más que social, y hoy día nos rige un espíritu de recaudación y no de salud, como el caso de los artículos 11, 13, 17, 19, 72 y 75 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.
En tanto, que la Ley de Cuotas y Tarifas para los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales hace lo propio en su artículo 7. Además, que por ser un tema de Salud, el estado debe cumplir con el siguiente Marco Normativo: NOM-012-SSA1-1993; NOM-014-SSA1-1993; NOM 127-SSA1-1994; NOM-179-SSA1-1998.
Cabe hacer mención que Gerardo Mora fue omiso a preguntas expresas como total de plantas potabilizadoras existentes en Quintana Roo, el cumplimento de las NOM´s, la exhibición de Certificados Vigentes, si el vital líquido que se distribuye es potabilizado o clarificado; así como las acciones que la CAPA ha ejecutado para defender los derechos de la población.
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