PLAN B: SEGUNDO ROUND

El pasado jueves 22 de junio, la Suprema Corte de la Nación declaró inválida la
segunda parte del denominado “Plan B” de Reforma Electoral, esta decisión
resonó de forma importante en el acontecer nacional, pues como es bien sabido,
esta reforma era una petición directa de nuestro presidente electo Andrés Manuel
López Obrador.

Ahora bien, ¿En qué consistía la segunda parte del “Plan B” ?, entre otras cosas,
la segunda parte de la reforma electoral buscaba realizar cambios a la estructura
orgánica del Instituto Nacional Electoral (INE), eliminar fideicomisos, establecer
nuevas reglas para los partidos políticos, reducir el salario de los consejeros, etc.

Esta reforma buscaba la modificación a la Ley General de Partidos Políticos, la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y a la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, aunado a esto, la reforma buscaba la
expedición de una Ley General de los Medios de Impugnación en Materia
Electoral.

Desde el momento en que se publicó la iniciativa de reforma, causo muchas
controversias, pues esta presentaba muchos temas polémicos en ella, incluyendo
el ajuste de salarios de los Consejeros del INE, la prohibición de que el INE
destinara ahorros o remanentes presupuestales a fideicomisos, la modificación en
la vigencia del titular de la Secretaría Ejecutiva, proponiendo una duración de 6
años, con posibilidad de reelección por otros 3 años, estableciendo que el actual
titular fuera destituido.

De igual forma, la reforma buscaba modificar la integración el Instituto Electoral al
desaparecer las estructuras subdelegacionales y reducir considerablemente el
Servicio Profesional Electoral, lo cual representaba despedir a 8 de cada 10

personas de estas áreas, también, buscaba que los votos de mexicanos en el
extranjero fueran coordinados por la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Respecto a los partidos políticos, esta reforma topaba a un 25% la retención que
el INE podía efectuar a los partidos políticos con motivo de multas, sanciones,
descuentos o cualquier otro concepto, respecto al financiamiento público mensual
asignado a cada uno de ellos, también, en caso de así decidirlo, (que no habría
razones para pensar que no lo hubieran hecho así, los partidos políticos podrían
utilizar los remantes de sus recursos públicos y privados de ese ejercicio fiscal,
para años o elecciones federales y locales posteriores.

Estas eran los puntos más controversiales de la reforma, sin embargo, el jueves
22 de junio la Suprema Corte de Justicia declaró invalida esta reforma bajo el
argumento de que existieron violaciones legislativas, pues según el proyecto
presentado por el Ministro Javier Laynez Potisek, la reforma vulneraba el principio
de deliberación democrática, debido a que no todos los grupos parlamentarios
tuvieron la posibilidad de conocer las iniciáticas propuestas por MORENA, pues el
partido pidió discutir y aprobar las reformas en el momento de su presentación.

Por su parte el Ministro Luis González Alcántara Carrancá señaló, que este
proceso legislativo era el mismo que la primera parte del Plan B, por lo tanto,
compartía los mismos vicios legislativos, siendo que la primera parte de la reforma
ya había sido invalidada.

Por su parte, las Ministras Loretta Ortiz y Yazmín Esquivel fueron las únicas
Ministras que votaron en contra de la invalidez de la reforma, argumentando que
no existía potencial invalidante para las reformas y que, los legisladores sí
estuvieron en aptitud de posicionarse al respecto, de igual forma, señalaron que
estas irregularidades eran subsanables en etapas posteriores.

Siendo así que con 2 votos en contra y 9 a favor, se invalidó la segunda parte del
Plan B, lo cual causo una fuerte reacción por parte del Presidente de la República,
quien señaló que la Suprema Corte “corrigió la plana de otro poder”, señalando
también que la declaración de invalidez era una “actitud política” de protección a
los intereses por parte de una “minoría rapaz y corrupta” la cual está encumbrando
al Poder Judicial en un “supremo poder conservador”.

La invalidez de esta reforma ha causado muchas opiniones, sin embargo, ante
este tipo de sucesos políticos tan relevantes, siempre es importante preguntarse,
¿Cuál es el fin de estas reformas?, y si es que estas realmente se realizan
buscando lo mejor para sus gobernados.