DIANA ALVARADO 21 DE ABRIL.-El caso de la empresa Calica en Playa del Carmen ha escalado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que abre una nueva etapa en el conflicto legal entre la compañía y el gobierno mexicano.
La disputa gira en torno a la clausura de las actividades extractivas de piedra caliza en la zona de Punta Venado, una medida impuesta por el gobierno federal por presuntos daños ambientales en la región.
Ahora, el tema llegó al máximo tribunal del país, donde se analizará si se mantiene la clausura, se modifica o se determina algún otro criterio legal respecto a la operación de la empresa.
Este caso no es nuevo: la empresa —filial de la estadounidense Vulcan Materials— ha sostenido un litigio prolongado contra el Estado mexicano, incluso en instancias internacionales, argumentando afectaciones a sus inversiones.
Por su parte, autoridades mexicanas han defendido la decisión al señalar que la explotación generó impactos ambientales en ecosistemas clave de la Riviera Maya, incluyendo el sistema kárstico y zonas de alto valor ecológico.
Cabe recordar que previamente la justicia federal ya había ratificado la clausura definitiva de la mina, negando amparos a la empresa y obligándola a reparar el daño ambiental.
El análisis en la SCJN será clave, ya que podría:
Confirmar la prohibición de extracción.
Establecer criterios sobre protección ambiental vs inversión extranjera.
Sentar un precedente para futuros conflictos similares en México.
Además, el caso tiene implicaciones más amplias, ya que forma parte de tensiones comerciales dentro del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), lo que podría impactar relaciones económicas internacionales.
Con la llegada del caso a la Suprema Corte, se abre una fase decisiva donde se definirá el rumbo legal de Calica y, en consecuencia, el equilibrio entre desarrollo económico, inversión extranjera y protección ambiental en México.
