Política de Hoy
Por Diana Alvarado
Otra vez ciudadanos playenses fueron víctimas de agresiones por parte de una mujer extranjera que los corrió de la playa frente a su casa, alegando que era de su propiedad, cuando sabemos que en nuestro país las playas son públicas y debe permitirse el acceso a todos. Al menos así debería de ser.
No es la primera vez que ocurren situaciones como esa, se repite en las playas de cada municipio de Quintana Roo. Recordemos el caso de Playa Mamitas, cuando guardias de seguridad “cargaron” a una pareja para sacarla de los arenales porque les estorbaban, y tantos otros frente a hoteles, clubs y hasta rentadores de camastros que no permiten que los locales pongan sus sombrillas y disfruten libremente de lo que es suyo.
Por eso el disgusto, la molestia, la inconformidad, las marchas, las manifestaciones.
Enojados, los playenses invitaron a una fiesta mexicana precisamente en la playa frente a la casa de la extranjera bravucona. Ahí se reunieron varias familias para jugar, tomar el sol, comer y divertirse. Todo transcurrió en santa paz. Pero el gobierno municipal envió decenas de policías para proteger a la mujer extranjera y sus bienes en lugar de hacer valer los derechos de los mexicanos.
Al parecer, los extranjeros pueden venir a Quintana Roo y agredir a su gusto a los mexicanos sin recibir ningún regaño, sanción o castigo. Al contrario. Reciben toda la protección de la policía. “¿Por qué tantos policías si solo es un convivio pacífico? Esos elementos se requieren en las calles, no en la vivienda de una persona extranjera en Playacar”, criticaron los playenses y con toda razón.
El problema es que ante estas injusticias, porque lo son, los ciudadanos tienen que actuar solos pues ninguna autoridad sale en defensa de sus derechos, ni local ni federal. Los hoteleros, restaurantes, clubs, rentadores de camastros y motos acuáticas pueden hacer lo que quieran en las cada vez más reducidas playas sin que les pongan freno y mucho menos los obliguen a mitigar el daño ecológico que provocan. Los gobernantes de Quintana Roo deben recordar que se deben a los ciudadanos mexicanos que los eligieron. No a los extranjeros.
