DIANA ALVARADO O3 DE NOVIEMBRE 2025.— La ministra Loretta Ortiz Ahlf provocó este lunes polémica en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al acusar que en las ponencias de algunos ministros laboran exsecretarios de Estudio y Cuenta de anteriores togados con posibles conflictos de interés que buscan influir en la nueva integración, lo que generó el rechazo y deslinde de sus colegas.
Durante el debate sobre cobros por licencias de construcción de subestaciones eléctricas en municipios de Chihuahua, la abogada cuestionó el criterio de sus colegas que sostuvieron que la autoridad local sí pueden expedir y cobrar los citados derechos, sin invadir atribuciones de la federación. Principalmente atacó los dichos del ministro Giovanni Figueroa Mejía.
Ortiz Ahlf afirmó que los municipios carecen de esa facultad, ya que el artículo 27 constitucional otorga al Estado el control exclusivo del Sistema Eléctrico Nacional, criterio que —dijo— la anterior Corte intentó desconocer. También recomendó leer uno de sus libros sobre el tema.
“La ley a la que alude el ministro Giovanni Figueroa, es una ley inconstitucional, es de las anteriores. Yo la única explicación que le puedo dar, perdonen, es que tienen secretarios de estudio y cuenta, que estaban con los anteriores ministros, y que sostenían, porque les era conveniente, muy conveniente, sostener que las facultades les pertenecían a los municipios, y no a la federación”, dijo Ortiz.
El asunto se originó a partir de dos proyectos del ministro Arístides Guerrero García, relativos a las controversias constitucionales 25/2025 y 38/2025, en los que propuso invalidar artículos de las leyes de ingresos de los municipios de Chihuahua y Cuauhtémoc que autorizan dichos cobros, al estimar que invaden facultades exclusivas del Gobierno Federal.
“Al invalidar la disposición normativa, este Tribunal Pleno le está impidiendo al municipio, o le estaría impidiendo al municipio, cobrar derechos por obras de particulares. Y me parece que esta decisión no tiene ni fundamento constitucional ni fundamento legal”, refutó el ministro Giovanni Figueroa, comentario que provocó la acusación de su par, Loretta Ortiz.
El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, también expresó su rechazo a los dichos de Ortiz y en defensa de su equipo, de los que reconoció hay personal que colaboró con la integración del Pleno anterior que concluyó funciones el 31 de agosto pasado.
“Yo también tengo mi ponencia, muchos secretarios, estudio y cuenta que son, pues ya, personas que llevan años acá, y yo la verdad reconozco el trabajo profesional que están haciendo, pero una vez que entro a este salón de plenos, el criterio es que los errores y aciertos son de su servidor, y así lo quiero dejar asentado, porque no ocurre de otra manera, y no podía ser también de otra manera cuando estamos impulsando la autonomía y la independencia de criterio”, señaló.
La ministra Sara Irene Herrerías confrontó que sus secretarios de Estudio y Cuenta “ellos hacen un estudio técnico y, en mi caso, yo valoro ese estudio, pero la decisión de en qué sentido es que va mi voto para invalidar o no una norma es totalmente mía”.
Giovanni Figueroa respondió defendiendo a su equipo y afirmó: “Quiero resaltar que las opiniones que expresamos en este Pleno las señoras y los señores ministros —ministra Loretta— son nuestras propias ideas y criterios.”
La ministra Loretta Ortiz no reculó: “agradezco la aclaración, y qué bueno que ustedes sean los que finalmente decidan y no sean presionados o se convenzan en primera instancia por las decisiones de su ponencia”.
Tras el debate, los proyectos se sometieron a votación, pero no alcanzaron los seis votos necesarios para invalidar los artículos impugnados, por lo que permanecen vigentes los cobros por dichas licencias en los dos municipios chihuahuenses. En contra votaron Hugo Aguilar, Lenia Batres, Giovanni Figueroa y Sara Irene Herrerías.
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