DIANA ALVARADO | 5 DE JULIO DE 2026.-La reclasificación de casos de feminicidio a homicidio, violencia familiar o tentativa de homicidio ha encendido las alertas entre activistas, abogadas y académicas, quienes advierten que estas decisiones representan un retroceso en la lucha por erradicar la violencia feminicida y garantizar el acceso a la justicia para las mujeres en México.
Uno de los casos que volvió a colocar el tema en el centro del debate es el de Renata Palmer, asesinada en octubre de 2025 en el Estado de México. Durante una audiencia, un juez reclasificó el delito de feminicidio a homicidio, pese a que, de acuerdo con la familia y especialistas, existían elementos suficientes para mantener la investigación bajo el tipo penal de feminicidio, como la relación de confianza entre víctima y agresor, así como lesiones infamantes y degradantes.
De acuerdo con especialistas consultadas por El Universal, este tipo de decisiones judiciales reducen la gravedad con la que se castigan las agresiones contra las mujeres, disminuyen las penas para los responsables y envían un mensaje de impunidad. También alertan que las reclasificaciones afectan directamente la confianza de las víctimas y sus familias en las instituciones, además de desalentar futuras denuncias.
Anayeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, advirtió que la reclasificación suele estar ligada a investigaciones deficientes, pérdida de evidencia, falta de peritajes especializados y, sobre todo, a la ausencia de perspectiva de género en la interpretación judicial de los hechos. Señaló que cuando no se acreditan adecuadamente las razones de género, el delito puede ser minimizado y tratado como un homicidio común.
Académicas y defensoras también han señalado que el problema no se limita a un solo caso. Existen antecedentes de sobrevivientes de intento de feminicidio cuyos expedientes fueron reclasificados a violencia intrafamiliar o tentativa de homicidio, lo que refleja una tendencia preocupante dentro del sistema de justicia. La crítica central apunta a que, sin perspectiva de género, se invisibiliza el contexto de violencia estructural que enfrentan las mujeres.
Además del impacto penal, las especialistas advierten que estas reclasificaciones alteran la estadística oficial, pues muchos casos dejan de contabilizarse como feminicidio aunque originalmente hayan sido investigados bajo esa hipótesis. Esto complica la medición real de la violencia feminicida en el país y debilita el diseño de políticas públicas orientadas a prevenirla y sancionarla.
Frente a este escenario, activistas y familiares de víctimas han exigido que jueces, ministerios públicos y fiscalías actúen con debida diligencia, incorporen de forma obligatoria la perspectiva de género en todas las etapas del proceso penal y eviten decisiones que, en los hechos, terminan minimizando la violencia contra las mujeres y debilitando el acceso a la justicia.
