DIANA ALVARADO 16 JUNIO 2021.- El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO), Gustavo Miranda García presentó una iniciativa para modificar la Ley de la Fiscalía General del Estado (FGE), para que todas las carpetas de investigación que realice este organismo a consecuencia del conocimiento de la muerte violenta de carácter doloso de una mujer sean iniciadas como feminicidios.
La litis de la propuesta se basará en la modificación del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, para incluir un inciso “C” que detalla “Iniciar la carpeta de investigación de toda muerte violenta de mujeres de carácter doloso bajo protocolo de feminicidio”.
Así mismo, la reforma propone modificaciones al artículo 22 del Código Penal del Estado: La prisión consiste en la privación de la libertad personal y su duración será de seis meses a sesenta años. Además del artículo 89-Bis, “comete delito de feminicidio, el que dolosamente prive de la vida a una mujer por razones de género. Se le impondrá prisión de cuarenta a sesenta años y de mil quinientos a tres mil días multa”.
Miranda García especificó que, de aprobarse, esta iniciativa dará pie para que toda acción de muerte violenta de una mujer sea iniciada como feminicidio, pero al realizar las investigaciones correspondientes por parte de la FGE y determinen que el delito no está tipificado como tal, pues dicho delito debe de clasificarse de acuerdo con los resultados de las carpetas de investigación.
Hay que hacer mención que la iniciativa está apegada a los protocolos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad en diciembre de 2017 en su cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria, donde acordaron que la procuraduría General de la República (PGR) y las procuradurías y fiscalías generales de Justicia de las 32 entidades federativas inicien la investigación de toda muerte violenta de mujeres de carácter doloso bajo protocolos de feminicidio.
Además, con el aumento de muerte violenta de mujeres en Tulum, Holbox, Cancún y Bacalar es necesaria la intervención del Poder Legislativo para generar el marco legal que le permita a la FGE realizar las investigaciones y dar con los responsables de estos actos, pues es una demanda de la sociedad quintanarroense.
“Se necesita que desde el seno de la implementación y concepción de las leyes se busquen aquellas modificaciones tendientes a una protección integral más amplia de la mujer, sanciones más severas para los perpetradores de violencia y protocolos de actuación que faculten a las autoridades para ejercer una Justicia más pronta y expedita”, concluyó Gustavo Miranda.
