DIANA ALVARADO 07 DE JULIO 2025.— El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Quintana Roo,
encabezado por su presidenta, la Mtra. Cora Amalia Castilla Madrid, expresa su más firme rechazo al paquete de reformas impulsadas por el régimen morenista, que representan un grave retroceso democrático y una amenaza directa a las libertades civiles, al federalismo y al orden constitucional en México.
Estas reformas, disfrazadas de modernización y eficiencia administrativa, configuran en realidad una maquinaria de control político, vigilancia masiva, concentración de poder y militarización de la vida pública. Lejos de garantizar derechos, instauran un modelo autoritario que erosiona las instituciones democráticas construidas por décadas de lucha ciudadana.
La llamada Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aunque eliminó el artículo que permitía suspender plataformas digitales, mantiene un sesgo profundamente censurador. Se faculta al Ejecutivo a intervenir transmisiones de radio y televisión con criterios ambiguos, mientras se crea un supuesto “órgano autónomo” subordinado en realidad al poder presidencial. Además, se obliga a concesionarios a entregar datos de geolocalización en tiempo real sin orden judicial, en clara violación al derecho a la privacidad.
La Ley de la Guardia Nacional constitucionaliza la militarización de la seguridad pública, lo cual es contrario al carácter civil que mandata nuestra Carta Magna. Legaliza operaciones encubiertas, mantiene el fuero militar y permite que soldados participen en elecciones sin dejar de ser militares activos. Ya no tendremos policías en las calles, sino soldados.
La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública impone un mando único, desconociendo la autonomía de estados y municipios. Además, le permite al gobierno federal recortar recursos a discreción y sin transparencia, lo que atenta directamente contra el federalismo.
Por su parte, la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y la nueva Ley Antilavado colocan a toda la ciudadanía bajo sospecha permanente, al permitir la recopilación de datos personales sensibles por parte de autoridades y privados sin control judicial alguno. No se combate el crimen, se normaliza la persecución.
La Ley General de Población impone una CURP biométrica obligatoria, bajo control del Ejecutivo, con la que se convertirá a los ciudadanos en datos digitales al servicio del poder, sin garantías de protección o uso responsable. Y con la Ley para Eliminar Trámites Burocráticos, se centraliza aún más la información mediante el expediente digital LLAVEMX, sin reglas claras de acceso ni control.
Todas estas reformas conforman lo que desde el PRI denunciamos como el Big Brother del Bienestar: un proyecto de vigilancia y sometimiento de la población, disfrazado de política social.
“El PRI no será una oposición simulada. Seremos la voz más firme y crítica frente al autoritarismo que avanza. No hay mayor deber que defender la libertad. No podemos permitir que la democracia se utilice para destruir la democracia”, afirmó la Mtra. Cora Amalia Castilla Madrid.
Hoy más que nunca, es urgente construir nuevos espacios de debate e información, romper el cerco mediático del oficialismo y devolverle a las y los mexicanos la confianza en sus instituciones. Desde Quintana Roo, el PRI reafirma su compromiso con la defensa de los derechos, la justicia y el federalismo.
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