Por Nicolás Durán de la Sierra
Aunque verdad de Perogrullo, no está de más subrayar que la falta de seguridad en todo el país es una de las tareas en las que el saliente gobierno federal nos quedó a deber. Salvo por Yucatán, el resto de los estados, en diferente medida, sufren el flagelo de la delincuencia, la del fuero común y la asociada con el narco y, desde luego, Quintana Roo está en este obscuro listado.
Salta a la vista que el nuevo gobierno federal tendrá que tomar otra ruta a la del presidente López Obrador, en esencia buena, pero inviable en la práctica para abatir al crimen, el que en el Estado va al alza. Las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Publica lo dicen: vamos en el cuarto sitio del país con mayor tasa de delitos por cada cien mil habitantes, muy por arriba incluso de la Ciudad de México.
La media nacional es de 133 ilícitos por cada cien mil habitantes y aquí se registran 223 en el mismo ejercicio.
El amplio análisis dice en general que, si no se frena, es posible que el crimen tenga otro repunte. De manera paralela, un estudio del Senado de la República advierte que la entidad requiere de más policías, pues tan sólo hay uno por cada dos mil habitantes, frente a Yucatán que tiene 1.2, sí, pero por cada mil habitantes.
Claro está, este fenómeno se refleja a su vez en que, con cifras del censo del Inegi, el 77.8 % de la población de Cancún, la ciudad más poblada y violenta del Estado, hoy se siente insegura, aunque eso sí, hay una resta del cinco por ciento respecto del primer trimestre del año, cuando la percepción casi alcanzó el 84%; en contraste, en Chetumal la percepción creció un 17 por ciento.
Como se dijo, para enfrentar a la criminalidad, el nuevo gobierno federal, de seguirse con una jefatura central, tendrá que buscar una ruta diferente a la de “abrazos, no balazos” pues, aunque con raíz humanista, tras seis años el ejercicio no ha dado los frutos esperados. Cierto es que hay que quitarle la base social al narco, pero una generación quizá sea demasiado tiempo.
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