DIANA ALVARADO 13 FEBRERO 2020.- El Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del estado de Quintana Roo (CDHEQROO), inició un ciclo de cursos que coadyuvará a una de las tareas trascendentes del Instituto como es la construcción de una ciudadanía cada vez más consiente e informada respecto a todos y cada uno de sus derechos, cómo acceder a éstos y ejercerlos en plenitud.
Dicho curso se realizó en la Sala de Sesiones del Instituto y se contó con la presencia de la Consejera Presidenta del IEQROO Mayra San Román Carrillo Medina, quien estuvo acompañada del Presidente de la CDHEQROO Marco Antonio Toh Euán, de las Consejeras Thalía Hernández Robledo y Elizabeth Arredondo Gorocica, así como de los Consejeros Juan Manuel Pérez Alpuche y Juan César Hernández Cruz, de representantes de partidos políticos, de servidores electorales y personal de la Comisión de Derechos Humanos.
Al hacer uso de la palabra, la Consejera Presidenta del IEQROO señaló que para el Instituto Electoral de Quintana Roo, es de gran importancia la capacitación permanente de las y los servidores electorales, máxime en temas tan relevantes, que abonan a la sensibilización y concientización sobre los derechos humanos. “Como autoridades comiciales estamos obligadas a su tutela efectiva”.
Pidió se haga uso de estos conocimientos que serán proporcionados en estos cursos, para continuar con el fortalecimiento de nuestro sistema democrático, lo que será posible si como autoridad, tenemos el pulso y la visión de cuáles son esos derechos y cuáles son los instrumentos para su tutela. Señaló la Consejera Presidenta.
Mayra San Román Carrillo Medina, señaló que, la preparación de las y los servidores electorales, es un fiel compromiso del Consejo General, con dichas herramientas laborales, estamos propiciando actividades que incidan en su actuar diario.
Por su parte, la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Transitoria de Igualdad y No Discriminación del Instituto, Thalía Hernández Robledo, apuntó que existe gran diversidad de grupos y personas que históricamente han visto afectados sus derechos, lo que precisa de la implementación de acciones que permitan garantizar el debido ejercicio de los derechos político electorales de quienes pudieran encontrarse precisamente en dicha situación de vulnerabilidad.
Apuntó que no debe pasar desapercibido que los ejercicios de los derechos político electorales comprenden a la totalidad de ciudadanas y ciudadanos mexicanos, de ahí que resulte necesario realizar acciones con miras a promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos político electorales de aquellos grupos o personas que se encuentren en alguna situación de desventaja.
Señaló que, el punto de partida planteado para los trabajos de la Comisión Transitoria de Igualdad y No Discriminación, es sensibilizarnos y capacitarnos, tanto servidoras y servidores electorales como partidos políticos, en temas de personas o grupos en situación de vulnerabilidad.
La Consejera Electoral Thalía Hernández Robledo, manifestó que como autoridad electoral debemos velar por garantizar el ejercicio de los derechos político electorales de las y los ciudadanos en condiciones de igualdad, sin discriminación de ningún tipo. “Esto no puede ser posible si antes no nos humanizamos respecto del contexto social de las personas o grupos a quienes, precisamente por falta de empatía, se les han afectado sus derechos y libertades”. Señaló.
Por su parte, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Quintana Roo, Marco Antonio Toh Euán, inició el ciclo de cursos con la conferencia denominada “La vivencia de los grupos en situación de vulnerabilidad, vista a través del enfoque de Derechos Humanos”.
Manifestó que el enfoque tiene como eje la intervención a la persona como titular de derechos y por lo tanto como agente activo de su propio desarrollo. De tal modo que ninguna toma de decisión debe excluir a las personas a las cuales se dirige cualquier política pública.
Ello conlleva, dijo, a desdoblar los Derechos Humanos, es decir, que toda autoridad tiene la obligación de verificar de oficio, la compatibilidad de las normas y prácticas con la Convención Americana de Derechos Humanos o cualquier otro tratado reconocido por el Estado Mexicano, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para evitar actos que impidan el pleno goce y ejercicio de los derechos de toda persona, aplicado a la vivencia de grupos de atención prioritaria (niñez, adolescencia, mujeres, personas con discapacidad, LGBT+, etc.).
