DIANA ALVARADO 21 ENERO 2021.- Actualmente, México se encuentra en medio del proceso de las elecciones intermedias que se realizarán el próximo de 6 de junio y en el que se elegirán 15 gubernaturas, más de 21,000 cargos de carácter local, así como la renovación total de la Cámara de Diputados, por lo que representa la elección más grande de la historia.
Como en cada proceso, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha resaltado la importancia de mantener la equidad y la libertad de expresión, por lo que para estos comicios, ha puesto especial énfasis en que el poder Ejecutivo, así como los mandatarios locales en donde se desarrollarán elecciones, no se pronuncien sobre los asuntos electorales en actos públicos, incluidas las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aunque el ordenamiento del Consejo General del INE ha sido ampliamente criticado por integrantes del gobierno, así como por miembros del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido creado por López Obrador; la Constitución (Artículo 134) prohíbe que el mandatario en turno (local y federal) se pronuncie públicamente sobre los temas electorales, en medio del proceso.
Esto data de la reforma electoral que se realizó en 2007, la cual trajo consigo la adopción de un nuevo modelo de comunicación político-electoral que, entre otras cosas, introdujo una prohibición contra la propaganda política personalizada.
Para ello se modificó el Artículo 134 constitucional, con la finalidad de “impedir que actores ajenos a los procesos electorales, incidan a través de los medios de comunicación; así como elevar a rango de norma constitucional la regulación a que debe sujetarse la propaganda gubernamental, de todo tipo, tanto durante las campañas como en periodos no electorales (…)”.
De esta manera, se busca la imparcialidad y la equidad en los procesos electorales, impidiendo el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido, coalición, candidato o candidata; evitar la promoción personal de carácter político; blindar el sistema democrático evitando que el uso del dinero público incida en la contienda electoral, así como exigir que quienes ocupan cargos en el gobierno actúen con imparcialidad.
Esta reforma ocurrió después del conflicto postelectoral de 2006, en donde el mandatario en turno, Vicente Fox, intervino a favor de Felipe Calderón, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) para que ganara la presidencia de la República.
Y una pieza importante para que ocurriera esta modificación fue, precisamente, Andrés Manuel López Obrador, que ese año también buscaba la silla presidencial y se quejó de la intervención desde Los Pinos, por lo que encabezó un movimiento que, incluso, llevó al cierre del Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la Ciudad del País, para exigir el recuento de todos los votos, ya que argumentaba, le habían robado la presidencia.
Pero ahora que el político tabasqueño es el inquilino de Palacio Nacional y todos los días, desde sus conferencias mañaneras aprovecha para atacar a sus adversarios, criticar a los periodistas, promover los logros del gobierno, profundizar la polarización de la sociedad y pronunciarse sobre cualquier tema, incluido, el proceso electoral que ya está en curso; el mandatario ve como una “censura” y un atentado a la libertad de expresión, el hecho de que el INE le impida pronunciarse sobre temas electorales.
El proceso de precampañas, en donde los partidos políticos definen a sus candidatos a puestos de elección popular, comenzó en algunas entidades desde el pasado mes de noviembre y ya están por concluir. Mientras que en otros estados, las precampañas comenzaron a inicios de enero de 2021, en tanto que otros iniciarán el próximo mes de febrero.
Es por eso que, durante ese periodo, tanto el presidente, los mandatarios estatales y los funcionarios públicos tienen prohibido pronunciarse sobre el proceso.
¿Qué sí y qué no puede decir López Obrador?
El Consejo General del INE ordenó al Presidente de la República y a las y los titulares de los poderes ejecutivos en las entidades, “que se abstengan de pronunciarse en materia electoral para no transgredir los principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda”.
Según el acuerdo, “se considera necesario, justificado y urgente dictar medidas cautelares con la finalidad de inhibir conductas como la denunciada, por lo que se ordena al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se abstenga de continuar realizando manifestaciones de naturaleza electoral”.
Pero además, el Instituto electoral determinó que a partir del 4 de abril -cuando inician las campañas electorales-, se deben suspender la transmisión íntegra de las conferencias de prensa, conocidas como “las mañaneras” de López Obrador, toda vez que consideró, “al realizarse en ellas una promoción de los logros de gobierno, constituyen propaganda gubernamental, cuya difusión está prohibida durante las campañas por nuestra Constitución”.
Pero en su conferencia del 12 de enero, López Obrador aseguró que era un acto de censura.
“Como ya está de moda a nivel mundial la censura, ya nos quiere limitar. ¿Cómo nos van a quitar el derecho de expresión, de manifestación? ¿Cómo le quitan al pueblo el derecho de manifestación?”.
Incluso dijo que, en caso de que el INE ordene cancelar la transmisión de sus conferencias, acudirá a las instancias judiciales, porque sería un acto de censura. Además convocó a los mexicanos que expresen su opinión sobre si consideran es legal esta petición, “si está bien que en México, no pueda hablar el presidente”.
Pero, en realidad, el INE no ordenó la cancelación total de las conferencias, sino que determinó que no sean transmitidas completas.
Ante la polémica, el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, grabó un video en el que desmintió lo dicho por el presidente, quien aseguró que todo se trata de un intento de censura y recordó que las mañaneras no se transmitieron completas durante los procesos electorales de 2018 y 2019.
“Ante la desinformación que se ha difundido sobre la transmisión de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que aclarar a la opinión pública que nadie ha propuesto suspenderlas o cancelarlas. Los criterios vigentes que se han aplicado los dos últimos años establecen que, durante las campañas electorales, se deben suspender la transmisión íntegra de esas conferencias, al considerarse que, al realizarse en ellas una promoción de los logros de gobierno, constituyen propaganda gubernamental, cuya difusión está prohibida durante las campañas por nuestra Constitución”, declaró.
“Nadie ha sostenido que el gobierno deba renunciar a su derecho de informar, por su parte, los medios de comunicación tienen el derecho y la obligación de comunicar lo que se dice en esos espacios, e incluso retomar fragmentos de las conferencias, pero no transmitirlas completas durante las campañas electorales”, añadió.
Señaló que así ocurrió en los estados que tuvieron procesos electorales en 2019 y en 2020, donde tanto el gobierno federal y los medios de comunicación acataron con responsabilidad las resoluciones de la autoridad electoral.
“En México prevalece la libertad de expresión, que es un derecho que así suceda, que el INE defiende y promueve sin reserva alguna, pero también deben mantenerse las condiciones de equidad y legalidad en la competencia política y el INE las va a salvaguardas conforme a sus atribuciones constitucionales, como ocurrió en 2018, 2019 y 2020 para que tengamos elecciones plenamente democráticas”, concluyó.
Además, el Instituto Nacional Electoral emitió claramente que los únicos temas de los que no puede hablar el presidente son de temas electorales como: el financiamiento público y acceso a radio y televisión; vida interna de los partidos políticos nacionales y locales; candidaturas de partidos políticos e independientes (registro, postulación), cargos de elección; etapas del proceso electoral federal y locales; frentes, coaliciones electorales, fusiones, alianzas nacionales o locales; plataformas electorales; campañas electorales; estrategias electorales de cualquier fuerza política nacional o local, así como a encuestas de intención de voto o preferencias electorales.
Sí puede pronunciarse sobre: la pandemia del COVID-19, salud, desastres naturales, seguridad, diplomacia, economía, cultura, medio ambiente e incluso políticas públicas.
Sin embargo, Morena y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentaron recursos de apelación en contra de la resolución del Consejo General del INE, que ordena a Andrés Manuel López Obrador no hablar sobre ejercicio de prerrogativas, vida interna y candidaturas de partidos en el actual proceso electoral; pues consideran que la resolución busca censurar al presidente, además de violar el derecho de las y los mexicanos a estar informados.
¿Qué cargos se elegirán el próximo 6 de junio?
En el Proceso Electoral 2020-2021, 92.4 millones de ciudadanas y ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto para elegir a las personas que habrán de ocupar más de 21,000 cargos de elección popular que se renovarán en todo el país, como son:
Cámara de Diputados
Gubernaturas de 15 estados: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
30 Congresos locales de todo el país (excepto Coahuila y Quintana Roo). En la Ciudad de México se disputarán 66 diputaciones y 16 alcaldías.
Ayuntamientos y Alcaldías en 30 entidades, menos Durango e Hidalgo.
Juntas Municipales en Campeche, Sindicaturas en Chihuahua, Regidurías en Nayarit y Presidencias de Comunidad en Tlaxcala.
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