DIANA ALVARADO 13 DE MAYO.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer los casos relacionados con el colapso de la Línea 12 del Metro y el proceso judicial de la saxofonista María Elena Ríos, además de otros asuntos de alto impacto.
El Pleno de la Corte votó por separado cada uno de los expedientes y decidió no ejercer su facultad de atracción, pese a que algunos de ellos habían sido promovidos por ministros del propio máximo tribunal y por la Fiscalía General de la República (FGR).
En el caso de la Línea 12 del Metro, la ministra Yasmín Esquivel Mossa propuso atraer el amparo promovido por una de las víctimas del colapso ocurrido el 3 de mayo de 2021, tragedia que dejó 26 personas fallecidas y cerca de 100 heridas.
La intención era que la Corte definiera criterios sobre reparación integral del daño e indemnizaciones justas para las víctimas derivadas de desastres de esta magnitud. Sin embargo, la propuesta solo obtuvo tres votos a favor y fue desechada.
Respecto al caso de María Elena Ríos —sobreviviente de un ataque con ácido en Oaxaca— la FGR solicitó que la SCJN revisara seis amparos promovidos por los presuntos agresores, entre ellos el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal.
La discusión buscaba resolver si una jueza sustituta podía invalidar un juicio oral completo y dejar sin efectos una absolución emitida previamente dentro del sistema penal acusatorio.
Sin embargo, la Corte también rechazó atraer este expediente por mayoría de votos. La ministra Sara Irene Herrerías Guerra se excusó de participar debido a que anteriormente conoció el caso cuando formaba parte de la FGR.
Horas antes de la sesión, María Elena Ríos difundió una carta pública en la que expresó su esperanza de que la Corte atrajera el caso, denunciando que durante casi siete años no ha logrado acceder plenamente a la justicia debido a presuntas influencias políticas y corrupción en Oaxaca.
El caso de la saxofonista se convirtió en uno de los símbolos más visibles de la lucha contra la violencia ácida en México e impulsó reformas conocidas como “Ley Malena”, orientadas a castigar con mayor severidad este tipo de agresiones.
Además de estos expedientes, la Corte también rechazó revisar nuevamente el feminicidio de Sandra Camacho Aguilar, aunque sí aceptó atraer otro asunto relacionado con presunta tortura y aplicación del Protocolo de Estambul.
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