DIANA ALVARADO 28 FEBRERO 2023.- Las reformas al Estatuto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por las que el dirigente nacional priísta Alejandro Moreno Cárdenas intentaba prolongar su mandato hasta 2024 quedaron anuladas, pues el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó que sean constitucionales y legales.
Con seis votos en favor y cinco en contra los consejeros del INE declararon la imposibilidad de pronunciarse sobre la procedencia de esas modificaciones, sobre todo porque para hacerlas el tricolor argumentó que había urgencia para adecuar su Estatuto al “Plan B” de reforma electoral, pero ésta no ha entrado en vigor.
Las reformas habían sido aprobadas durante la LXII sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional (CPN) del PRI el 19 de diciembre de 2022 y mediante éstas “Alito” Moreno buscaba extender su mandato, que vence en agosto de este 2023.
En esa reunión de CPN se modificó el artículo 83, fracción XXXVII de los Estatutos, por los que se faculta al CPN “para determinar la prórroga del periodo estatutario de la dirigencia nacional dentro de los noventa días hábiles previos al proceso electoral”, lo que beneficia a Moreno Cárdenas.
Esto porque su mandato en el PRI concluye el 18 de agosto de 2023. Tal como están las leyes electorales el proceso electoral federal iniciará en septiembre próximo, pero el “Plan B” alarga el inicio de ese proceso hasta la tercera semana de noviembre, de ahí que con la reforma estatutaria podría ser beneficiario de la extensión de mandato que de otra forma no era posible.
En la sesión del INE el PRI adelantó, en voz del diputado Rubén Moreira que acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a impugnar la decisión de los consejeros.
Hoy no hay reforma electoral “pero la habrá, habrá la ley y habrá un daño para nosotros, para podernos adecuar… la razón de esta norma era generar certeza, ante la inminencia de un peligro estamos adecuándonos”, expuso.
Por ley todas las reformas estatutarias de los partidos deben ser analizadas por el INE, que tiene la facultad de declarar la legalidad y constitucionalidad de los cambios y enviarlos al Diario Oficial de la Federación (DOF), para su entrada en vigor, salvo que la decisión del Instituto sea impugnada ante el TEPJF, mismo que resolverá en definitiva.
En este caso el INE rechazó que las enmiendas del tricolor sean procedentes y estableció “esta autoridad considera inválidas las modificaciones a los Estatutos”.
¿Por qué no fueron aceptados los cambios?
Tras la reforma a los estatutos del PRI se presentaron ante el INE tres escritos para invalidarla. Entre ellos, los de los senadores Miguel Ángel Osorio y la senadora Claudia Ruiz Massieu, además del exgobernador de Guerrero, Héctor Antonio Astudillo Flores.
El estatuto de ese partido ordena que las reformas estatutarias las debe hacer la Asamblea Nacional, o bien, el CPN si se dan tres excepciones: salvo que haya resolución de autoridades electorales, cuando por reforma legal se deban armonizar los estatutos o cuando haya un caso debidamente justificado, y con voto de dos terceras partes de sus integrantes.
El PRI alegó que el “caso debidamente justificado” es decretado por el mismo Consejo Político Nacional por lo que el INE se excedió al calificar qué está correctamente justificado o no.
Ninguna de ellas se acreditó, de acuerdo a la resolución del INE, pues el Plan B de reforma electoral no estaba vigente –y el 19 de diciembre ya había quedado congelado hasta febrero, de hecho se destrabó el miércoles pasado—además de que el contenido de esa reforma no obliga a realizar cambios a las normas internas del PRI.
“¿El punto es muy sencillo hay o no reforma legal?” expuso el consejero presidente, Lorenzo Córdova, al establecer que aún hoy, en que no sea promulgado, no hay reforma electoral, “los cambios los aprobaron cuando no había ley”.
Además “que hubiera elecciones locales no era impedimento legal” para convocar a Asamblea, mencionó.
El Plan B “era jurídicamente inexistente, incluso hoy mismo no se ha aplicado”, mencionó el consejero Jaime Rivera.
En maratónica sesión los consejeros resolvieron que el PRI incumplió el procedimiento estatutario para llevar a cabo su reforma estatutaria, pues “debió fundar y motivar su competencia en un caso debidamente justificado” lo que no ocurrió pues el Plan B no aplica.
Además, no se acreditó la competencia del CPN para llevar a cabo la aprobación de las enmiendas en LXII sesión extraordinaria pues “no fundó y motivó el caso debidamente justificado que le facultara para ello”.
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