DIANA ALVARADO 24 DE MARZO.-La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el objetivo principal del llamado “Plan B” de la reforma electoral es reducir hasta 4 mil millones de pesos en gastos y privilegios de funcionarios públicos, lo cual —dijo— representa el eje más importante de la propuesta.
Durante su conferencia, la mandataria subrayó que la iniciativa busca erradicar privilegios dentro del servicio público, particularmente en cargos como consejeros electorales, diputados locales y regidores, cuyos sueldos y presupuestos consideró excesivos.
Sheinbaum explicó que este ahorro permitiría redirigir recursos directamente a obras y servicios para la población, como infraestructura, agua potable o proyectos de movilidad, en lugar de destinarse a estructuras gubernamentales costosas.
“Lo más importante del Plan B es disminuir privilegios”, reiteró, al señalar que ningún funcionario público debería percibir ingresos superiores a los de la presidenta, conforme a lo establecido en la Constitución.
La mandataria también cuestionó el tamaño de algunos gobiernos locales, al mencionar casos donde existen hasta 25 regidores en municipios, lo cual consideró innecesario y costoso para las finanzas públicas.
Indicó que el objetivo es establecer límites claros en las percepciones y estructuras administrativas, para evitar gastos excesivos que, en su opinión, afectan la disponibilidad de recursos para servicios públicos.
Sheinbaum destacó que la reforma mantiene el enfoque de la llamada Cuarta Transformación, que busca una administración pública más austera y orientada al bienestar social.
Además, recordó que la propuesta original contemplaba también la reducción de privilegios en partidos políticos y cambios en el sistema de representación, aunque esos puntos no prosperaron en el Congreso.
La presidenta señaló que el ahorro estimado de 4 mil millones de pesos podría traducirse en obras concretas para la población, ejemplificando que ese monto permitiría financiar proyectos como sistemas de transporte o infraestructura hidráulica en diversas regiones del país.
Con esta postura, el gobierno federal insiste en que el Plan B electoral no sólo plantea cambios políticos, sino una reducción del gasto público, con el propósito de canalizar mayores recursos hacia programas y proyectos en beneficio de la ciudadanía.
