DIANA ALVARADO 9 DE ABRIL 2026.- La Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Quintana Roo, Mtra. Cora Amalia Castilla Madrid, señaló que la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de Grupo Xcaret, si bien ha sido presentada como un triunfo en la defensa del patrimonio cultural indígena, también revela profundas contradicciones en la actuación del Estado mexicano.
“Estamos ante una decisión que, en el discurso, defiende el patrimonio cultural de los pueblos originarios, pero que en la práctica deja abiertas interrogantes fundamentales sobre la congruencia institucional y el modelo de desarrollo que se está impulsando en el país”, puntualizó.
La dirigente estatal subrayó que la Corte sostuvo correctamente que el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, pertenece de manera colectiva a los pueblos indígenas y que su protección es de orden público e interés social, por lo que ningún interés económico puede estar por encima de la identidad cultural. No obstante, advirtió que este argumento, aunque jurídicamente sólido, resulta políticamente incompleto.
“Porque el problema de fondo no es una empresa en particular, es el modelo. No se puede aplicar un criterio restrictivo a los privados mientras el propio Estado ha utilizado de manera sistemática elementos de la cultura indígena en proyectos de gran escala, sin observar los mismos estándares”, afirmó.
En ese contexto, Cora Amalia Castilla hizo un reconocimiento puntual al papel que ha desempeñado Grupo Xcaret en la promoción y proyección de la cultura mexicana en su conjunto, no únicamente de la cultura maya, sino de la diversidad cultural del país.
“Xcaret ha sido, durante décadas, una plataforma de difusión del patrimonio cultural de México hacia el mundo. Ha contribuido a posicionar nuestras tradiciones, nuestras expresiones artísticas y nuestra identidad como un elemento central del atractivo turístico nacional”, destacó.
Asimismo, reconoció la visión y aportación del arquitecto Miguel Quintana Pali y de sus socios, quienes —dijo— han sido actores clave en la consolidación de un modelo turístico que ha detonado desarrollo económico, generación de empleo y fortalecimiento de la marca Quintana Roo a nivel internacional.
“Sería un error no reconocer que este proyecto ha sido fundamental en el crecimiento turístico del estado y en la construcción de un modelo que ha dado resultados. El desarrollo turístico de Quintana Roo no se entiende sin la contribución de iniciativas como Xcaret”, subrayó.
En ese sentido, señaló que casos como el Tren Maya evidencian una clara incongruencia, al hacer uso de la iconografía y narrativa de la cultura maya con fines de promoción, sin que exista certeza plena sobre la aplicación efectiva del consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.
Asimismo, la resolución abre un debate relevante sobre la representación legítima de los pueblos indígenas. La Corte desestimó acuerdos celebrados con el llamado “Gran Consejo Maya”, al considerar que no representan a la totalidad del pueblo, lo que plantea una interrogante central: ¿quién tiene la legitimidad para autorizar el uso del patrimonio cultural?
“Existe el riesgo de pasar de una apropiación privada a una tutela estatal centralizada, donde las comunidades quedan relegadas de las decisiones sobre su propia cultura”, advirtió.
Cora Amalia Castilla también destacó que la decisión se emitió en el marco de una medida cautelar y no de fondo, lo que genera preocupación sobre la certeza jurídica y el precedente que podría establecer para futuros casos en materia de inversión, derechos colectivos y desarrollo económico.
“Quintana Roo es un estado cuya economía depende en gran medida del turismo. Este tipo de resoluciones deben acompañarse de reglas claras, equitativas y aplicables para todos, que permitan proteger la cultura sin generar incertidumbre para la inversión responsable”, sostuvo.
La dirigente priista enfatizó que la defensa del patrimonio cultural no puede convertirse en un instrumento selectivo ni en un discurso político conveniente, sino en una política pública coherente, incluyente y respetuosa de los derechos de los pueblos originarios.
“Defender nuestra cultura implica también reconocer a quienes han contribuido a proyectarla con responsabilidad y visión. México necesita reglas claras, no mensajes contradictorios que frenen su desarrollo.”
