DIANA ALVARADO | 26 DE JULIO DE 2026.-La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acusó al Partido Acción Nacional (PAN) de cerrar filas en defensa del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, al considerar que el respaldo expresado por el expresidente Vicente Fox y un grupo de exmandatarios panistas constituye un intento por proteger políticamente a uno de sus integrantes antes de que concluya el proceso judicial que enfrenta por presuntos delitos relacionados con contrabando de combustibles y delincuencia organizada.
En un posicionamiento difundido por Morena, Montiel afirmó que la reunión encabezada por Fox en Guadalajara “no es una defensa desinteresada del Estado de derecho”, sino un acto de protección corporativa para intentar absolver políticamente a Ruffo Appel. Sostuvo que los pronunciamientos realizados por los exgobernadores estuvieron sustentados en elogios hacia la trayectoria política del exmandatario, pero no presentaron argumentos o pruebas que desvirtúen las investigaciones que desarrolla la Fiscalía General de la República (FGR).
La dirigente morenista señaló que el caso debe resolverse exclusivamente en los tribunales y no en reuniones o manifestaciones de respaldo político. Afirmó que ningún cargo público o antecedente partidista puede convertirse en un escudo frente a una investigación judicial y reiteró que las autoridades ministeriales deben actuar con plena autonomía, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas involucradas.
Montiel también sostuvo que la reacción de diversos liderazgos del PAN evidencia una práctica de protección entre integrantes del partido cuando alguno de ellos enfrenta señalamientos legales. En ese sentido, afirmó que “antes se reunían para negociar el poder; ahora se reúnen para proteger a uno de los suyos”, al tiempo que rechazó los señalamientos de persecución política formulados por la oposición.
Por su parte, el PAN y los exgobernadores que respaldaron a Ruffo Appel insisten en que el proceso penal responde a motivaciones políticas y han solicitado que el exmandatario enfrente el procedimiento con pleno respeto a sus derechos. Sin embargo, la FGR sostiene que la imputación deriva de una investigación iniciada tras detectar una presunta red dedicada al contrabando de combustibles mediante operaciones ferroviarias y aduanales irregulares, con un posible daño millonario al erario federal.
El intercambio de posicionamientos entre Morena y Acción Nacional ha intensificado el debate político en torno al caso de Ernesto Ruffo Appel. Mientras el oficialismo sostiene que las investigaciones deben desarrollarse sin presiones partidistas, la oposición mantiene que corresponde al Poder Judicial determinar la responsabilidad del exgobernador con base en las pruebas que se presenten durante el proceso legal.
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