DIANA ALVARADO 25 ENERO 2022.- El Mtro. Marco Antonio Tóh Euán, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo acudió a la Reunión de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos del Congreso del Estado que preside la Dip. Rosario Ortiz Yeladaqui, con la finalidad de rendir el cuarto informe de actividades al frente de dicho organismo en cumplimiento a lo que marca la ley.
Ante la presencia también de los diputados Hernán Villatoro y Roberto Erales Tóh Euán destacó durante su intervención los principales resultados emanados en estos cuatro años que duró su encargo y que finaliza este miércoles 26 de enero. En este tenor expuso que fueron 222 mil personas capacitadas, a personas servidoras públicas (17%), así como a diversos grupos en situación de vulnerabilidad.
Se atendieron 6640 quejas, lo que equivale a 4.5 quejas diarias en todo el Estado y se emitieron 100 recomendaciones, primordialmente dirigidas a la Fiscalía General del Estado (38), Secretaría de Seguridad Pública (11), Municipio de Benito Juárez (11), Solidaridad (9) y Othón P. Blanco (6).
Los siete principales motivos de las recomendaciones fueron Derecho de acceso a la justicia, Derecho a la integridad personal, Detención Arbitraria, Principio interés superior de la niñez, Derecho a la libertad de expresión, Derecho a la salud y Violación al derecho a la mujer a una vida libre de violencia.
No obstante, también destacó que durante esta administración se activaron las facultades previstas en el marco normativo, tales como los diagnósticos, supervisiones, encuestas, para la observancia de los derechos, con la finalidad de que se garanticen, promuevan y respeten los derechos humanos.
Finalmente cerró manifestando los retos que permanecen para la vivencia y goce de los derechos humanos en Quintana Roo, tales como la erradicación de la discriminación a la población indígena, la población LGBTTTIQA+, la violaciones a derechos de la niñez y adolescencia, migraciones forzadas y marginadas, así como una mayor concientización de las autoridades para la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones de los organismos no jurisdiccional de los derechos humanos.
