DIANA ALVARADO 03 DE SEPTIEMBRE 2025.— La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) arranca su gestión con un reto monumental: resolver en tiempo récord los millonarios adeudos fiscales de grandes empresas y personajes influyentes, entre ellos el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas.
El gobierno federal calcula que el conglomerado de Salinas Pliego —incluyendo a Elektra, TV Azteca y Banco Azteca— acumula una deuda cercana a los 74 mil millones de pesos, repartidos en al menos 32 litigios activos.
En junio de 2025, un tribunal ordenó a Grupo Elektra pagar 2 mil millones de pesos por ISR correspondiente a 2012.
En julio, TV Azteca perdió otro juicio y deberá cubrir más de 3,500 millones de pesos por impuestos omitidos en 2009.
A estos montos se suman tres casos ante la propia SCJN que suman alrededor de 26 mil millones de pesos.
Con la reforma al Poder Judicial en vigor, la nueva Corte deberá resolver juicios fiscales en un máximo de seis meses. Esto elimina la discrecionalidad en la asignación de casos y busca impedir la prolongación de litigios que, por años, han mantenido congelados los pagos de grandes contribuyentes.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha criticado abiertamente las estrategias dilatorias en tribunales y exigió transparencia en las sesiones extraordinarias convocadas por la Corte anterior, que levantaron sospechas de favorecer a deudores fiscales.
El caso de Salinas Pliego no es el único. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene procesos contra decenas de compañías con adeudos que, en conjunto, representan más de 621 mil millones de pesos en créditos fiscales. La estrategia oficial es clara: recuperar recursos de grandes contribuyentes sin necesidad de crear nuevos impuestos.
La presión por resolver estos litigios no es menor. Por un lado, el Estado busca mayor recaudación en un contexto de desaceleración económica; por otro, la sociedad exige que la justicia fiscal sea pareja, sin excepciones para magnates ni corporaciones.
La SCJN se enfrenta así a una prueba de fuego: demostrar si, bajo las nuevas reglas, puede garantizar que los grandes deudores fiscales cumplan con el mismo rigor que cualquier ciudadano.
