La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que tan sólo dos grupos empresariales acumularon casi 9 mil millones de pesos en operaciones con el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), entre 2014 y 2026, en las cuales se documentaron diversas irregularidades.
El titular de la entidad revisora del gasto público, Aureliano Hernández Palacios Cardel, acudió este viernes a la Cámara de Diputados para presentar la segunda entrega de los informes individuales correspondientes a la Cuenta Pública 2025, donde señaló que la ASF ya inició “una investigación de oficio respecto de irregularidades relacionadas con el INE”.
Dicha pesquisa, indicó ante la Comisión de Vigilancia de la ASF, “comprende también a todos los OPLES, así como a las empresas, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas con los hechos”.
Hernández Palacios explicó que “a través de diversos requerimientos de información, estamos realizando un estudio pormenorizado para identificar los orígenes de estas conductas, desde los primeros años en los que establecen operaciones relacionadas con los organismos electorales y estos mismos grupos empresariales, con la finalidad de combatir la corrupción enquistada en menoscabo de los recursos asignados a estas importantes funciones”.
En el marco de esos trabajos de fiscalización superior, “y con el apoyo proporcionado por las recientes reformas legales, la ASF realizó diversos trabajos de inteligencia que le permitieron identificar que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos, con diversas entidades públicas entre 2014 y el 2026. De este monto, 3 mil 790.3 millones de pesos correspondieron a organismos electorales locales”.
‘Factureras’ involucradas en las irregularidades
el auditor, “se identificó que proveedores de una de las empresas analizadas, trabajaron con empresas dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones fueron revocadas por trabajar con factureras, por 21.3 millones de pesos, y otra de estas empresas se encuentra suspendida en el padrón de importadores”.
Asimismo, dijo, “se observaron elementos relevantes sobre la estructura y operación de estas empresas, tales como operaciones entre sociedades de los mismos grupos; es decir, la empresa ganadora subcontrata a una de las que participan en los procesos de licitación y forman parte de los grupos señalados”.
Además, “detectamos registros laborales reducidos o nulos; es decir, empresas que, a pesar de facturar cientos de millones, cuentan con menos de cinco trabajadores, y en algunos casos, ninguno”.
Hernández Palacios añadió que otra línea de investigación “gira en torno a las posibles barreras que establecen una competencia desleal para garantizar la adjudicación de los contratos, incidiendo en los precios y en las condiciones, en menoscabo del patrimonio público”.
Subrayó que “en los análisis de inteligencia que dan motivo a nuestra investigación, identificamos redes de vínculos entre ambos grupos y funcionarios, así como conexiones entre personas servidoras públicas y distintas empresas”.
El funcionario recalcó que dichas investigaciones “se desarrollarán con absoluta independencia, objetividad, rigor técnico y pleno respeto al debido proceso. Nuestra responsabilidad es esclarecer los hechos, preservar las pruebas y promover las acciones legales que correspondan”.
En su mensaje final a los diputados, aseveró que los resultados de la segunda entrega de resultados de la Cuenta Pública 2025 “reflejan una nueva forma de entender y ejercer la fiscalización superior. Por eso, nuestro compromiso es actuar sin distinciones, sin privilegios y sin encubrimientos”.
Hernández Palacios enfatizó: “No importa quién haya cometido una irregularidad, qué cargo ocupe o a qué institución pertenezca: si existen elementos para investigar, la Auditoría Superior de la Federación actuará conforme a la ley”.
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